La nueva gobernanza de la UE es muy poco europea

La desafección hacia el proyecto europeo es tangible y cuantificable. Según la agencia estadística de la Comisión Europea (Eurostat), la desconfianza de los ciudadanos hacia la Unión ha pasado del 32% en 2007 al 60% en 2012. Esta tendencia es generalizada y más acentuada en los países y segmentos sociales tradicionalmente más europeístas y, con toda certeza, se manifestará en los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán durante la última semana de mayo.

Esta indiscutible desafección no es producto de la crisis –como tendenciosamente pretende transmitirse- sino de las respuestas políticas adoptadas frente a la crisis, que dinamitaron los principales consensos sobre los que se ha cimentado el proyecto europeo desde sus orígenes. Entre todas ellas, una de las más peligrosas –a mi juicio- es la mal denominada nueva gobernanza económica europea.

Las carencias de la gobernanza económica existente se pusieron en evidencia con el estallido de la crisis y agravaron sus consecuencias. La unión monetaria desprovista de unión bancaria, en el seno de una unión económica limitada a instrumentos de coordinación débiles y con una unión política prácticamente inexistente, era una bomba de relojería que sólo necesitaba una convulsión para cebarse. Por lo tanto, reforzar y ampliar la gobernanza de la unión económica era un objetivo ineludible. Pero la nueva gobernanza no sólo no responde a la mayor parte de las exigencias pendientes sino que crea nuevos e importantes problemas.

La nueva gobernanza reduce considerablemente los márgenes de actuación de los gobiernos, toda vez que numerosas atribuciones tradicionalmente competencia de los Estados miembros se han transferido a instancias superiores. Esta recomposición de poderes no debería plantear recelos especiales si no fuera porque:

• Con escasas excepciones, la nueva gobernanza elude o aplaza la mayor parte de los verdaderos problemas que aquejan a la unión económica y monetaria, concentrándose en una lectura rigorista de la estabilidad presupuestaria y su consecuente política de austeridad. Para el control de los presupuestos nacionales se dota de indicadores precisos y de mecanismos de sanción contra los infractores pero desde un sesgo ideológico innegable: es tan importante el cumplimiento de los objetivos como la manera en la que éste se produce. Es decir, el combate contra el déficit o la deuda se aborda desde la reducción del gasto en políticas públicas redistributivas renunciando al incremento de los ingresos mediante, por ejemplo, la lucha contra el fraude o la elusión fiscal. Además, la nueva gobernanza invade campos en los que carece expresamente de competencias como la fijación de salarios o la negociación colectiva.

• La nueva gobernanza es muy poco europea desde la perspectiva de fortalecimiento del proyecto de integración: Es esencialmente intergubernamental y definida sin rubor por los gobiernos de los países acreedores, básicamente Alemania. Así lo perciben la mayor parte de los ciudadanos europeos –nuevamente citando a Eurostat- y hay razones para ello. Por ejemplo, entre los desequilibrios macroeconómicos se incluye el de las balanzas por cuenta corriente y, curiosamente, se penaliza el déficit si supera el 4% pero el superavit sólo a partir del 6%. En todo caso, lo más sorprendente, es que la pieza clave de la nueva gobernanza europea, el “Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la UEM”, no sea más que un tratado internacional toda vez que no ha sido firmado ni por todos los Estados miembros de la UE.

• La nueva gobernanza contribuye a deteriorar la calidad de la democracia y no sólo porque su configuración (Pacto de Estabilidad y Crecimiento, Pacto por el Euro Plus, Six Pack, Fiscal Compact, Two Pack….) la conforme como un precipitado incomprensible incluso para los moderadamente duchos en asuntos europeos. La nueva gobernanza influye decisivamente en las condiciones de vida y de trabajo de los europeos pero sin que éstos puedan influir en su formulación, seguimiento o control. Las decisiones que anteriormente adoptaban los Estados ahora se toman en Europa lo que en sí no es objetable. El problema reside en que el proceso de adopción de decisiones ha basculado desde instituciones políticas emanadas de la participación ciudadana hacia órganos supuestamente técnicos (Banco Central Europeo, Eurogrupo, Troika, Comisión Europea…) con una legitimidad democrática más que indirecta. Porque, no nos engañemos, el Parlamento Europeo tiene un papel irrelevante en todo este proceso y, por ello, la exigua participación prevista en las próximas elecciones no se explica por falta de europeísmo sino por el sentimiento de que el voto influye muy poco en la adopción de decisiones.

En suma, pese a su influencia determinante sobre la vida de los europeos, la nueva gobernanza no da respuesta a los principales problemas de ordenación de la economía europea. Tampoco es muy europea al primar más la cooperación intergubernamental que la integración de sus socios y, lo más grave, supone un retroceso democrático de ingentes proporciones. No se trata de poner en cuestión la pertinencia de situar cada vez más en el ámbito europeo el centro de adopción de decisiones económicas sino de garantizar que éstas se aprueben, se evalúen y se controlen por representantes elegidos democráticamente por los ciudadanos.