La Europa de la creciente brecha social

Coincido plenamente en que la economía debe ser una disciplina que analice cómo mejorar el bienestar colectivo y no el del capital financiero. El texto anima el debate señalando la necesidad de un entramado institucional que conduzca a una mejora en las condiciones sociales y de empleo en la zona que delimita la Unión Europea. En ese sentido se señalan posibles acciones como “reforzar los mecanismos de cohesión, incrementar el presupuesto comunitario o cambiar el modus operandi del BCE, subordinando la política monetaria a objetivos de equidad, pleno empleo y protección social”. Es un enfoque basado en instrumentos y procedimientos, pero en mi opinión previamente a las acciones es preciso reflexionar sobre las fuerzas necesarias para impulsar los cambios y si estos se consideran factibles. Algunos puntos que plantearía al respecto serían:

El objeto de análisis

En mi opinión el debate no debería centrarse en los países o en Europa; el foco de atención creo que deben ser las personas, la situación de desigualdad socioeconómica y por qué se ha agrandado la brecha social en Europa. La desigualdad de renta y patrimonio era ya una realidad entre la ciudadanía de la Unión Europea anteriormente a la crisis y no es únicamente una característica de los países de la periferia, si bien es dónde más ha aumentado a raíz de las políticas de austeridad. Las políticas del Estado de Bienestar han contribuido a mejorar el reparto de la renta y la mejora de las condiciones de vida de la población, pero hay un grupo social con acceso a niveles de renta, relaciones de influencia y patrimonio, y posibilidades de transmisión intergeneracional de sus privilegios, que claramente tiene unas posibilidades vitales diferentes de los demás. Este núcleo de integrantes del capital financiero, con acceso a vehículos y volúmenes de instrumentos financieros lejos del alcance del resto de la sociedad ha perpetuado su posición pese a la crisis. En torno a esos intereses se han diseñado las políticas conservadoras de cada país y las de la Unión Europea. La crisis ha forzado la protección de los intereses del capital financiero a costa del resto de la población: baja inflación para evitar el deterioro de los activos en términos reales, rescates bancarios a medida, intervenciones del BCE para controlar el spread, para dar tranquilidad y animar la recuperación bursátil o políticas fiscales claramente regresivas.

¿Un espacio social común?

La desigualdad entre regiones ha venido marcada por el dominio político de los gobiernos de los países con mayor fuerza industrial y capacidad económica desde el comienzo de la Unión, la idea de un espacio de derechos sociales siempre ha quedado en el debate en un segundo plano a favor de los intereses comerciales. Esos intereses políticos se han alineado con los del capital financiero. La “desarmonización fiscal” es el exponente máximo de la “desunión europea”. ¿Por qué se ha permitido una situación en la que existe una base de declaración de ingresos de multinacionales en Irlanda con un impuesto de sociedades del 12,5% cargando los gastos al resto de los países con mayor tributación societaria? Si la recaudación fuese un objetivo como zona integrada y hubiera un interés en usar esos recursos en beneficio de todos sus ciudadanos ¿por qué no se ha considerado una política europea la lucha el fraude o se han armonizado efectivamente tipos y bases imponibles?. Esa erosión fiscal es similar a la sobreexplotación de los recursos de propiedad común por la búsqueda del interés individual en lugar del colectivo. En este caso, la imposibilidad de alcanzar acuerdos por el dominio político conservador explica la existencia de precios de transferencia y de paraísos fiscales legales dentro de la propia Unión Europea. Con los impuestos sobre el capital sucede algo parecido, se podría haber armonizado al alza la tributación evitando la competencia fiscal a la baja de cada gobierno local.

Desde el punto de vista de las políticas de gasto, nunca ha existido una idea compartida de crear un nivel mínimo europeo en los niveles de protección social, el juego político ha hecho que sean los gobiernos nacionales los que decidan, conviviendo sistemas universales de salud con sistemas de seguridad social con mayor o menor grado de protección, sistemas de producción pública pura con sistemas de conciertos, o financiación pública en mayor o menor grado para las universidades. La oleada privatizadora de los años 80 incidió en los sistemas de protección social de los países de la Unión aumentando la disparidad de los mismos. Con la crisis se ha roto completamente el modelo, acentuándose la desigualdad imperante en los modelos de provisión. Un ejemplo claro es la ampliación o el retraso de la edad para la jubilación, a día de hoy conviven tendencias de reforma antagónicas porque Europa es más que nunca una zona no integrada en términos sociales y políticos.

La correlación de fuerzas

En el actual escenario se ha deteriorado enormemente la capacidad de influencia social de trabajadores y trabajadoras, se ha debilitado la presión sindical y se han generado movimientos sociales que reclaman cambios importantes en el ámbito de la calidad democrática de las instituciones y en la política social. Pero en el entorno europeo dominan las fuerzas conservadoras desde el norte, que con la crisis han visto sembrado el camino para exigir políticas de recortes ante el aumento del déficit y el endeudamiento público. Estos indicadores han evolucionado negativamente por los efectos de la recesión sobre los ingresos tributarios y estabilizadores automáticos como el seguro de desempleo. La escalada del spread, con una componente innegable de especulación, ha sido utilizada de excusa para el ajuste. Interiormente en España, Grecia o Portugal los partidos de orientación económica neoliberal han aprovechado la ocasión para ensayar políticas que en otras épocas hubieran tenido que retirar ante idéntica o menor presión social en las calles. La coordinación de las políticas de protesta en cada país o entre grupos de distintos países, así como el cambio del espectro político vía votaciones son elementos de acción social y posiblemente una vía de cambio, pero necesariamente de largo plazo.

Los objetivos sociales y de crecimiento

Partiendo de la imposibilidad de dar rápidamente la vuelta a la situación social y aplicar los cambios que reclama el texto del debate, cabe plantearse una reflexión adicional sobre los objetivos. Se reclama una activación de políticas a favor del empleo. Pero el empleo debería ser un medio para la obtención de unos salarios acordes a la formación del empleado y el puesto desempeñado, de una estabilidad en el mismo y para alcanzar un reconocimiento social. Ese no es el empleo nuevo que pudiera generar una etapa de recuperación económica espontánea o sin intervención pública; este empleo estaría ligado a una alta tasa de temporalidad, un aumento de la insatisfacción laboral, o de una importante masa de personas sobreeducadas ocupando puestos con salarios mínimos.

El panorama antes y después de la crisis ha cambiado notablemente. En los países de la periferia se está produciendo una pérdida de capital humano, que están emigrando ante la elevada tasa de paro de los jóvenes y la falta de expectativas de empleo futuro, y además se está acumulando un importante masa de parados de larga duración. Las políticas de empleo para procurar un cambio tendrían que estar conectadas con el estímulo de sectores productivos socialmente prioritarios. La economía no autoabastece los puestos de trabajo que permiten el empleo socialmente deseable. Habría que pensar qué tipo de actividades podrían acometerse y qué tipo de empresarios profesionales deberían llevarlas a cabo y de qué manera podría el sector público apoyar estos polos de desarrollo. En esa línea de futuribles habría que empezar por abordar el problema de la formación de los empresarios, las condiciones de otorgamiento de los créditos necesarios para actividades a promover, la implementación de una supervisión prudencial y efectiva de la actividad financiera y el desarrollo y seguimiento de los planes, etc. En el escenario político actual no son cuestiones factibles, porque esta política de recuperación del modelo productivo y social precisa un control y un impulso de fuerzas realmente progresistas dominando el mapa político Europeo.