Una visión contrahegemónica desde Andalucía
Antonio Garrido
La crisis financiera originada en 2008 está tensionando hasta límites insoportables la justificación incluyente y social de la UE. Su fuente de legitimidad se desmorona, porque no era interna ya que no podía emanar de la sustancia democrática de sus instituciones, sino externa, basada en los resultados económicos y de prosperidad que generase. En 2005, los franceses y los neerlandeses rechazaron el proyecto de Tratado constitucional europeo. A pesar de ello, lo impusieron más tarde con el nombre de Tratado de Lisboa, el blindaje jurídico y la maquinaria institucional al servicio de los intereses de los grandes grupos económicos europeos y transnacionales. El déficit democrático de base se muestra ahora más evidente ante el recrudecimiento del deterioro económico y, como siempre, las élites capitalistas se muestran incapaces de prefigurar salidas cooperativas. Los grandes dogmas de fe de la UE, la libertad de los mercados y de lealtad a la OTAN, han situado todo su entramado institucional en un papel subsidiario y de mero gestor de imperativos externos. La UE ha despojado a los estados-nación de poder político y sus propios órganos de decisión, mandatados para liberar a los mercados de las obligaciones derivadas de las reglas sociales, han quedado a merced de imposiciones de la eurocracia que distancian cada vez más sus propuestas de los intereses y los problemas ciudadanos. Para aquellos Estados-nación con un profundo problema de legitimidad e integración de las naciones que lo componen, como es el caso de España, la crisis económica y la gestión neoliberal emanada de las directrices de la UE no hacen sino acentuar la salida centrífuga y la inclusión en la agenda política del derecho de autodeterminación. La democracia, la influencia de la opinión social en la toma de decisiones sufre así un doble bloqueo: el determinado por la construcción tecnocrática, neoliberal y elitista de la UE y el que responde al vaciamiento de poder político operado contra los Estados nacionales. Las altas tasas de desempleo, la restrictiva política monetaria del Banco Central Europeo y el corsé presupuestario impuesto por el Pacto de Estabilidad imprimen un freno al dinamismo de la economía europea y a su competitividad. En este escenario, primará la polarización centro-periferia y el control de la Troika sobre las políticas nacionales.
¿Qué solución le queda a un país como Andalucía en este contexto de estafa democrática y de hegemonía del programa de ajustes capitalistas? Desde la izquierda, asumir un proyecto estratégico sustentado en dos pilares: la defensa de la soberanía política nacional (quebrar la institucionalidad española) y un programa antineoliberal basado en la recuperación de una banca pública, la reforma agraria, el blindaje de los servicios públicos y un modelo económico definido sobre las bases de la sustentabilidad y la ecología política.
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