América Latina en la era Trump: entre nuevos imperialismos y la reorganización del poder mundial

En los últimos meses, América Latina ha sido escenario de la reanudación de una política imperialista más agresiva por parte de Estados Unidos. El imperio estadounidense busca desesperadamente retomar su posición históricamente hegemónica, en los últimos años amenazada por las inversiones estratégicas de China. Bajo el liderazgo fascista de Trump, la región, que venía recibiendo menos “atención” de gobiernos demócratas, vuelve a ser el foco con la elaboración de una Doctrina Monroe 2.0, o Doctrina Donroe, Donald más Monroe, que concibe a América Latina como el patio trasero de Estados Unidos que debe ser “protegido” de los intereses chinos.

Esta nueva doctrina quedó abiertamente en evidencia con el bloqueo del mar Caribe y la acción de decapitación del gobierno venezolano, con el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, en una operación que involucró 150 aeronaves de 20 bases militares diferentes. La publicación de una nueva Estrategia de Defensa Nacional, que menciona el episodio en Venezuela como un ejemplo que puede ser utilizado contra otros países que no colaboren con los intereses de Estados Unidos en la región, debe leerse como una amenaza a todos los gobiernos latinoamericanos, especialmente a los progresistas que no están arrodillados ante Trump. Más aún, esta es una amenaza a todos los partidos de izquierda y movimientos sociales de nuestra región. El nuevo y agresivo bloqueo a Cuba, que está sumiendo a la isla en una crisis humanitaria sin precedentes, es otro episodio del drama latinoamericano.

Es necesario interpretar en caliente la nueva realidad en la región, entendiendo, más que nunca, la urgencia de la resistencia antiimperialista, antifascista y de la solidaridad y la lucha por la soberanía nacional. En este caso, es necesario reconocer que Trump está actuando para rediseñar el mapa geopolítico global, abandonando las tesis del Consenso de Washington, producido por los propios Estados Unidos. Para esta nueva doctrina, los recursos naturales y operativos de América Latina, vistos como propiedad de Estados Unidos, están amenazados por el dominio chino.

La crisis climática ha dejado de ser solo una consecuencia del modelo capitalista de desarrollo y ha pasado a constituir uno de los ejes estructurantes de la reorganización del imperialismo contemporáneo. El agravamiento de los eventos extremos, la disputa por fuentes energéticas y la carrera por minerales estratégicos no son fenómenos paralelos a la geopolítica global, sino parte central de la reconfiguración de las relaciones de poder en el sistema internacional. El control sobre territorios que concentran biodiversidad, agua dulce, reservas minerales y capacidad de producción energética se ha convertido en un elemento decisivo para el mantenimiento de la hegemonía económica y militar de las grandes potencias. En este escenario, la transición energética, presentada como respuesta a la crisis ambiental, ha sido disputada como un nuevo campo de acumulación capitalista y como mecanismo de reorganización de las jerarquías globales de poder.

América Latina ocupa una posición estratégica en este proceso. La región concentra aproximadamente el 30 por ciento del agua dulce del planeta, más del 40 por ciento de la biodiversidad global y gran parte de las reservas de minerales fundamentales para la transición energética, como litio, cobre y niobio. El llamado Triángulo del Litio, que involucra a Bolivia, Chile y Argentina, alberga cerca del 60 por ciento de las reservas mundiales de este mineral, esencial para la producción de baterías y tecnologías digitales. Al mismo tiempo, América Latina ha sido una de las regiones más vulnerables a los impactos climáticos. Entre 2000 y 2022, desastres ambientales afectaron a casi 200 millones de personas en la región, según datos de las Naciones Unidas. Esta combinación entre abundancia de recursos estratégicos y vulnerabilidad social y ambiental transformó al continente en un espacio prioritario para la disputa entre grandes potencias y corporaciones transnacionales, intensificando procesos de intervención económica, política y territorial.

Inversiones chinas en América Latina y la reacción de Estados Unidos en la nueva era Trump

Desde comienzos de los años 2000, existe un paulatino reposicionamiento de las relaciones comerciales de América Latina, migrando de la histórica dependencia de Estados Unidos hacia una influencia cada vez mayor del capital chino en la región. China llenó el retroceso de las inversiones estadounidenses en la región. Si, por un lado, Estados Unidos aún mantiene la delantera en el volumen de capitales, con casi el 40 por ciento de las inversiones extranjeras directas en la región, concentradas especialmente en América Central y México, por otro, China ya es el mayor socio comercial de América del Sur, liderando las estadísticas de comercio exterior en 8 de los 13 países del subcontinente, incluyendo Brasil y Argentina.

La crisis estructural del capitalismo financiarizado constituye el trasfondo de esta reorganización imperialista. Desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento económico global presenta señales persistentes de desaceleración, acompañadas por la expansión del poder de los mercados financieros y por la intensificación de la búsqueda de nuevas fronteras de acumulación. Sectores como la minería, la energía y la tecnología digital se han vuelto centrales para la reorganización de las cadenas productivas globales. En América Latina, este movimiento se expresa en la expansión de la frontera del agronegocio, de la minería y de la explotación petrolera en territorios ambientalmente sensibles.

Bajo el liderazgo de Trump, la política exterior de Estados Unidos se ha reorganizado en respuesta al avance económico y tecnológico de China, y esta disputa vuelve a colocar a América Latina en el centro de la estrategia geopolítica estadounidense. La nueva Estrategia de Defensa Nacional estadounidense pasó a tratar explícitamente el control sobre cadenas productivas estratégicas, rutas comerciales, infraestructura energética y reservas naturales como parte de su política de defensa nacional. La creciente militarización de las áreas consideradas estratégicas revela que la disputa climática y energética es también una disputa territorial. En este contexto, la propia narrativa estadounidense ha comenzado a justificar una mayor injerencia en la región bajo el argumento de contener la presencia china, incluyendo denuncias sobre instalaciones con potencial uso militar en América Latina, incluso en Brasil, lo que refuerza la construcción de un escenario de amenaza permanente que legitima la expansión de su aparato militar. Esta retórica funciona como un dispositivo clásico del imperialismo para transformar la disputa económica en una cuestión de seguridad, habilitando nuevas formas de intervención directa e indirecta sobre los territorios latinoamericanos.

El fortalecimiento de acuerdos militares con países latinoamericanos, como la nueva base militar estadounidense en Paraguay, y la ampliación de la presencia naval en el Caribe expresan que Estados Unidos no renunciará a la coerción militar para garantizar el acceso a recursos naturales y el alineamiento político de la región. El reciente ataque militar contra Venezuela representó un hito simbólico de esta nueva etapa al evidenciar la reanudación de formas directas de intervención bajo el argumento de defensa de la estabilidad regional y de la seguridad en el territorio estadounidense, al mismo tiempo que expuso la centralidad de las reservas energéticas y de la posición geopolítica del país en la estrategia estadounidense.

El ascenso del gobierno Trump profundizó esta reorientación estratégica al combinar unilateralismo, militarización y guerra arancelaria como instrumentos para la reorganización de la hegemonía estadounidense. Su política exterior articuló el fortalecimiento del complejo industrial militar con la expansión de las fronteras extractivistas y la desregulación ambiental. Al incentivar la explotación intensiva de combustibles fósiles y debilitar acuerdos climáticos multilaterales, el trumpismo buscó, simultáneamente, asegurar competitividad energética y ampliar el control sobre cadenas productivas estratégicas de combustibles fósiles. La política migratoria restrictiva y el endurecimiento de las políticas de seguridad en las fronteras también reflejan el impacto directo de los cambios climáticos y de las desigualdades globales, convirtiendo los flujos migratorios asociados a desastres ambientales y colapsos económicos en un tema de seguridad nacional. En este contexto, América Latina pasa a ser tratada, simultáneamente, como reserva estratégica de recursos y como zona de contención geopolítica y social.

La utilización de sanciones económicas por parte del gobierno Trump contra países latinoamericanos tuvo efectos contradictorios. Si, en México, en América Central o incluso en Colombia, las amenazas de mayores aranceles arrinconaron incluso a gobiernos más a la izquierda a negociar para evitar sanciones, por otro lado abrieron aún más espacio para inversiones chinas en la región. Ya en Brasil, un país con el cual Estados Unidos tenía balanza comercial favorable, las sanciones del 50 por ciento en los aranceles, las más altas del mundo, abiertamente justificadas para beneficiar el juicio de Jair Bolsonaro, resultaron como un tiro que salió por la culata. El presidente Lula, respondiendo a las demandas de la izquierda y de los movimientos sociales por confrontación, activó la línea de defensa de la soberanía nacional aliada a políticas internas de desgravación tributaria para los más pobres. En un contexto en que el Congreso Nacional, de mayoría de derecha, buscaba blindarse de investigaciones de corrupción y enfrentó las mayores manifestaciones populares de los últimos diez años, todo ello combinado impulsó la popularidad del gobierno brasileño, aunque sea momentáneamente.

La presencia china en la región latinoamericana ganó peso creciente en este escenario, configurando una dinámica de competencia que no rompe con la lógica imperialista, sino que la reorganiza. La expansión de la Iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda consolidó inversiones chinas en infraestructura, minería, transporte, comunicación y energía en diversos países latinoamericanos, como la construcción del mega puerto de Chancay, en Perú. Brasil se convirtió en uno de los principales socios comerciales de China, garantizando la exportación de commodities agrícolas y minerales, mientras China llega al país con inversiones de miles de millones de dólares en la industria de autos eléctricos y en la expansión de la infraestructura 5G.

En Argentina y en Chile, inversiones chinas en el sector del litio ampliaron la presencia económica del país asiático e intensificaron la reorganización de las cadenas globales de suministro de tecnologías energéticas. Aunque frecuentemente presentadas como alternativa al dominio estadounidense, estas inversiones también reproducen patrones históricos de dependencia basados en la exportación de materias primas, en la transferencia limitada de tecnología y en la presión sobre territorios ambientalmente sensibles. En este sentido, es necesario afirmar que la disputa entre Estados Unidos y China expresa, por lo tanto, una competencia entre diferentes formas de inserción subordinada de las economías latinoamericanas en el sistema global. En medio de este escenario, el trumpismo es la forma más agresiva que el imperialismo estadounidense ha encontrado hasta ahora para reposicionarse y buscar retomar su hegemonía en América Latina.

En Brasil, la ampliación de las exportaciones de soja, carne y mineral de hierro, acompañada de una paulatina desindustrialización que ya venía desde los años 1990, reforzó la dependencia económica del país en relación con el mercado internacional, mientras proyectos de explotación petrolera avanzan sobre áreas de alta vulnerabilidad ecológica, como la región de la Foz del Amazonas. La disputa por estos territorios ha ampliado la presencia de fuerzas de seguridad pública y estructuras militares destinadas a proteger emprendimientos estratégicos, evidenciando la creciente asociación entre expansión económica, control territorial y aparato represivo.

El avance de la extrema derecha ha desempeñado un papel fundamental en la viabilización política de este nuevo ciclo de acumulación. Gobiernos ultraconservadores de orden neofascista han actuado en el desmantelamiento de regulaciones ambientales, en la flexibilización de derechos laborales y en la criminalización de movimientos sociales y pueblos tradicionales. Durante el gobierno Bolsonaro, la deforestación en la Amazonía brasileña alcanzó, en 2021, el mayor índice en quince años, acompañada por la expansión de la minería ilegal y por la intensificación de conflictos fundiarios. Procesos semejantes pueden observarse en otros países de la región, donde proyectos de extractivismo capitalista avanzan sobre territorios indígenas y comunidades tradicionales.

Guerra contra las drogas como vía de crecimiento de la extrema derecha en América Latina

No es casual que la orden del cerco naval de Estados Unidos, con su mayor flota naval, y el posterior secuestro de Maduro se hayan dado bajo el pretexto de que él sería el líder de un supuesto Cartel de los Soles, responsable del tráfico de drogas de América del Sur hacia Estados Unidos. El trasfondo, por supuesto, es la destrucción de lo que queda del chavismo como fuerza de resistencia al imperialismo estadounidense y la toma de las reservas de petróleo de Venezuela, las mayores del mundo. Fue mediante un supuesto combate al tráfico internacional de drogas que Donald Trump justificó la acción militar más agresiva de Estados Unidos en América Latina en el siglo XXI.

Al denominar como narco terrorismo el problema del crecimiento del poder del tráfico de drogas, la Estrategia de Defensa Nacional del gobierno Trump y la extrema derecha latinoamericana quieren justificar ante la población de estos países sus intervenciones militares y la restricción de derechos promovida por ellas. Existe, por lo tanto, un ciclo intrínsecamente conectado entre el crecimiento de la desigualdad, la expansión del tráfico de drogas, el aumento de la violencia y del miedo, combinado con el endurecimiento militar de las políticas de seguridad pública y defensa nacional como medios de control social y de ocultamiento de los verdaderos problemas estructurales de América Latina.

La extrema derecha, de norte a sur de las Américas, ha utilizado el discurso y las acciones en torno a la guerra contra las drogas como bastón de ataque y escudo de defensa para crecer social y electoralmente y justificar sus políticas más nefastas de militarización y genocidio. En medio de territorios latinoamericanos con algunos de los mayores índices de homicidios del mundo, discursos centrados en la represión ostensiva y políticas de militarización de la seguridad pública refuerzan mecanismos de control social sobre poblaciones vulnerables, articulando represión estatal, disciplinamiento territorial y expansión económica depredadora. Políticas fascistas de control son alimentadas por la producción de miedo social, en un contexto en que problemas civilizatorios como la crisis climática y la precarización del trabajo quedan al margen del debate público, a la sombra de los discursos sobre seguridad pública, incluso entre los sectores más populares.

Evidentemente, la extrema derecha ha percibido y utilizado la guerra contra las drogas y el endurecimiento de la violencia estatal, ocupando el vacío que la izquierda o incluso sectores republicanos y democráticos tienen en el tema de la seguridad pública, para movilizar victorias políticas. No solo Trump ha hecho esto. En Brasil, la realización de la operación más violenta de la policía militar de la historia, con un total de 121 muertos entre sospechosos y policías, por parte de un gobierno estadual alineado con el bolsonarismo, sirvió como instrumento político de la extrema derecha para contraatacar tras meses de crecimiento de la popularidad del gobierno Lula, después de la defensa de la soberanía nacional frente a los ataques arancelarios de Donald Trump. Es la verdadera necropolítica la que ha dado resultados y conquistado apoyo popular en toda América Latina.

Desde el estado de excepción instaurado por Nayib Bukele en El Salvador bajo el pretexto de retirar el control del país de las manos de pandillas y traficantes hasta la aprobación por el Congreso argentino de reducir la edad de imputabilidad penal de 14 a 16 años, promesa de campaña de Javier Milei como forma de endurecer la represión en medio del crecimiento de la violencia en el país, esta política de la derecha solo ha generado más encarcelamiento masivo, racismo estructural y financiarización de los grandes grupos traficantes.

Mientras tanto, la izquierda queda acorralada, patinando entre adherir al discurso belicista de “delincuente bueno es delincuente muerto” o la incapacidad de condenar y oponerse al control que facciones, milicias y grupos armados ejercen sobre los territorios populares, convirtiéndolos en un verdadero infierno. Cualquier contraofensiva popular latinoamericana hoy necesita alinear la defensa intransigente de los derechos humanos con la proposición de una verdadera plataforma política que proponga un eficiente plan de seguridad pública basado en inversión estratégica en inteligencia, control de fronteras, combate al tráfico de armas, desorganización financiera de las cúpulas, además de la reocupación de territorios dominados con la implementación efectiva de políticas públicas de salud, transporte público, educación, cultura y deporte en los territorios que han sido históricamente controlados por los diferentes grupos armados vinculados al tráfico de drogas.

Sin fatalismos. Construir la solidaridad e integración latinoamericana

En una situación tan dura, la primera postura necesaria es evitar caer en cualquier fatalismo. Incluso en los momentos más difíciles de la historia, las fuerzas populares demostraron la posibilidad de construir alternativas. En este sentido, necesitamos presentar movimientos necesarios para integrar las fuerzas antiimperialistas a nivel internacional, combinando movimientos internos y externos. En el ámbito regional, es necesaria la construcción de nuevas políticas nacionales de seguridad para los países de América Latina. Históricamente, las políticas de seguridad nacional en nuestro continente fueron complacientes con la dependencia tecnológica y logística de Estados Unidos. Es preciso, entonces, diversificar, con transferencia de tecnología de países independientes, para no depender ni compartir con Estados Unidos toda la estructura de defensa local. Además, es necesario cortar los acuerdos de cooperación militar que permiten la presencia de bases militares de Estados Unidos en todo el territorio latinoamericano. Una nueva política de seguridad nacional que proteja de hecho nuestro territorio necesita basarse en la solidaridad y en la diplomacia que defiendan a América Latina. Una cooperación a nivel regional para destruir las cadenas financieras y logísticas del tráfico internacional de drogas, rechazando las soluciones del populismo penal que busca tratar el tema como narco terrorismo para dar espacio al intervencionismo militar estadounidense, pero invirtiendo con firmeza en estrategias regionales de combate a la cúpula del tráfico, pasando incluso por la legalización de algunos estupefacientes, tratando la adicción como un caso de salud pública.

La política de seguridad presentada por Trump ve a América Latina como un territorio disponible a su voluntad. Por eso, debemos encarar los ataques actuales a Cuba como un ataque a toda la soberanía latinoamericana, pues Trump hace de Venezuela y Cuba un laboratorio del intervencionismo militar que se pretende para toda América Latina. Así, es necesario enfrentar con firmeza el bloqueo a Cuba, entregando al país apoyo con recursos energéticos y alimentarios para que el pueblo cubano enfrente este nuevo ataque a su autonomía.

Es necesario encarar la integración regional latinoamericana como una estrategia de supervivencia frente al imperialismo yanqui. La expansión de los BRICS por medio de América Latina, aunque no sea una alternativa anticapitalista y tenga en su composición países con un historial de contradicciones, representa un instrumento táctico de ampliación de la autonomía económica y política frente a la histórica dependencia de Estados Unidos. En este sentido, fue muy equivocada la postura del gobierno Lula al vetar la entrada de Venezuela en los BRICS bajo la justificación de que la reelección de Maduro no respetaba criterios democráticos, mientras aceptó la entrada de Arabia Saudita, una de las dictaduras más represivas y longevas del mundo actualmente. Es necesaria la expansión de la integración política, energética, alimentaria y tecnológica de América Latina, invirtiendo en procesos transnacionales que amplíen la estructura y la logística intercontinental sobre una base alternativa ecosocialista, con programas para la transición energética pública, descentralización productiva, soberanía alimentaria agroecológica y planificación democrática de las economías nacionales.

Todo ello pasa por victorias electorales y por la construcción de alianzas antifascistas en todo el continente, comenzando por Brasil, Perú y Colombia, países muy importantes para América Latina, que tendrán elecciones este año y que pueden tener, en sus victorias, plataformas de enfrentamiento a la política de la Doctrina Donroe en la región. Corresponde especialmente a Brasil, por su gran capacidad de interlocución internacional, convocar a la comunidad internacional en defensa de la paz, contra la aceleración del armamento nuevamente en auge y contra el intervencionismo imperialista.

Históricamente, las principales victorias contra el imperialismo estadounidense pasaron por comprometerse con el propio pueblo estadounidense contra el intervencionismo militar. La lucha en Vietnam estaba íntimamente ligada a la resistencia popular y al movimiento antibélico en Estados Unidos. En este momento hay una efervescencia de manifestaciones sociales de oposición a las políticas de Trump en Estados Unidos. Por eso, la resistencia en América Latina también pasa por conectarse con los movimientos antiinmigración en Estados Unidos. El acto político del cantante Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl mostró que es posible establecer la conexión entre la violencia imperialista impuesta a América Latina y la impuesta a los migrantes y defensores de los derechos humanos en Estados Unidos.

Todo ello reaviva la necesidad del internacionalismo y de campañas de solidaridad internacional. El intervencionismo arancelario y su uso político por parte de Trump se basaron en las estrategias de la extrema derecha a escala global. Pero también demostraron que es posible movilizar poblaciones históricamente reacias al temario internacional, como la brasileña, para la lucha antiimperialista, mostrando que existe una relación directa entre la autonomía regional y la mejora de las condiciones de vida en nuestros territorios.