Para no ponerle puertas al mar: plurinacionalidad y nuevo estatus de nación

Decía en una ocasión la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que negar la plurinacionalidad del Estado español es como poner puertas al mar. En el Estado español, sin embargo, lo que parecería imposible se convierte en una realidad amparada por una estructura legal que opera como muro de contención para intentar frenar incluso la fuerza de los más poderosos oleajes.

Frente a una “nación española” única e indivisible, que cede competencias a las autonomías, la alternativa democrática es evidente y parte de una dinámica inversa: del reconocimiento de las diferentes naciones como sujetos políticos con plenos derechos para poder negociar y decidir, conjunta y soberanamente, el marco de relación a construir entre ellas.

Galicia es una nación. Pero desde el BNG no vinculamos su reconocimiento pleno únicamente a aspectos formales, sino a la capacidad real de autogobierno para mejorar la vida de la gente y nuestro propio futuro material y cultural. Este objetivo nos retrotrae a casi noventa años atrás, cuando Castelao promovía el Estatuto de 1936, al que contribuía con varias de sus facetas, entre ellas, la de genial artista de cuya mano salió alguno de los carteles para esa convocatoria electoral. En uno de ellos, reza un lema sin ambigüedad: "Para que a nosa terra sexa nosa".

En eso consistía el Estatuto que fue apoyado mayoritariamente en referéndum el 28 de junio de 1936, unos comicios en los que votó alrededor del 75 % del censo, lo que supuso casi un millón de votos a favor, el 99,24 %. A pesar del apoyo popular, el golpe militar impidió que entrase en vigor y Galiza vio truncada su aspiración de autogobierno por una dictadura que reprimió y folclorizó las identidades, perpetuando el centralismo más violento bajo el lema, de incuestionable contundencia, así como de clara manipulación de conceptos, de "España, una, grande y libre".

La negación de las nacionalidades históricas se ve ahora aupada de forma beligerante por la derecha más reaccionaria que ve una amenaza en quien sólo defiende su derecho a existir. Los discursos de odio que se encienden ante el miedo a una "España rota" empatizan de forma evidente con el soniquete monocorde del NODO en el que no había duda alguna del marco territorial, administrativo y político que amparaba el franquismo.

El problema de fondo en Galiza va más allá. El diseño económico del franquismo y la discriminación mantenida por la política estatal durante la democracia han mantenido vivos, hasta hoy, el expolio de los recursos propios, la depredación ambiental, el drenaje de ahorros y la expulsión de población. La instalación de la fábrica de Celulosas en la ría de Pontevedra, un ejemplo evidente de industria de enclave que comenzó a funcionar en 1957 -con permiso prorrogado hasta el 2073 por el gobierno de Mariano Rajoy ya en funciones- revive en este 2024 con el proyecto de Altri en Palas de Rei, una planta de celulosa que se prevé diez veces mayor que la de Ence. ¿Por qué nos remitimos a estos proyectos industriales para hablar del conflicto político territorial? Porque antes y ahora Galiza es tratada con la lógica colonial más clásica de explotación de recursos y exportación de beneficios.

Nos sobran ejemplos: la AP-9, esa autopista que atraviesa nuestro país de norte a sur, que sigue siendo de pago 75 años después de su construcción y cuya transferencia se niega por parte del Estado. El actual ministro de Transportes, para explicar la oposición a la transferencia y rescate público de la AP-9, adujo que la operación sería de 4000 millones de euros, un gasto “excesivo”. No se hizo sentir ninguna objeción similar cuando se produjo el rescate de las radiales madrileñas que costó bastante.

Podemos hablar también de la energía. Galiza “exporta” más del 30% de la energía eléctrica que produce, a partir de un territorio intensamente impactado por parques eólicos, centrales hidroeléctricas y embalses. Con la energía procedente de nuestros propios recursos naturales de agua y viento casi podríamos autoabastecernos. El impacto lo sufre el territorio, pagamos el mismo precio que Madrid –que no produce ni un solo kilovatio- y además el beneficio se marcha fuera: un puñado de compañías en manos foráneas facturaron en 2019 más de 1.500 millones con el negocio.

Cuando hablamos de soberanía y autogobierno hablamos de capacidad real para poner los recursos gallegos al servicio de nuestro desarrollo como sociedad, y de acabar con el expolio que padecemos.

El marco estatutario se nos presenta escaso para los retos a los que nos enfrentamos, entre ellos, el de la autonomía financiera y el control fiscal, imprescindibles si queremos hablar seriamente de autogobierno. Necesitamos gestionar nuestros recursos y contar con poder institucional no sólo con relación al Estado español, sino también con Europa o el mundo. Lo decíamos en las pasadas elecciones Europeas: ¿tiene sentido que Bélgica, con 65 kilómetros de pesca, tenga voz y voto en la política pesquera comunitaria y Galiza no, con 1500 kilómetros de costa y una de las flotas más importantes del mundo?

Nuevo estatus de nación

Desde el BNG hablamos de un nuevo estatus político de nación y de la necesidad de un sistema de financiación que nos permita contar con capacidad política para decidir, porque sin autonomía financiera no habrá autonomía política. Casi nueve décadas después seguimos sin contar con una Hacienda gallega que recaude nuestros recursos.

Esta nueva condición, que surgiría de una relación distinta con el Estado, con más autogobierno, conllevaría un incremento de calidad en los servicios públicos, mayor bienestar social y la promoción del desarrollo económico tan urgente en nuestro país. Defendemos que es necesario avanzar en el autogobierno, con la consecución de más competencias, empezando por aquellas que están ya previstas en el Estatuto, como pueden ser el ferrocarril interior, museos y bibliotecas o el servicio de meteorología.

A estas competencias, se sumarían las que se contemplan por la vía prevista en el artículo 150.2 de la Constitución, que permite transferir o también delegar competencias estatales por Ley Orgánica. Sería una vía adecuada para asumir las que estaban atribuidas en exclusiva al Estado. Incluiríamos en este ámbito, además de la AP9 y la AP53, los aeropuertos y el control del tráfico aéreo, los puertos de interés general, el tráfico y la seguridad viaria, salvamento marítimo y la lucha contra la contaminación del mar, obras hidráulicas de interés general, ordenación del litoral y gestión del dominio público marítimo-terrestre, vigilancia pesquera, bolsas de estudio, régimen local, Paradores de Turismo, Emigración e Inmigración, activos de la SAREB situados en el territorio o servicios sanitarios y asistenciales a trabajadorxs del mar, entre tantas otras.

Un centralismo arcaico y heredero de lo peor de su propio pasado, funciona como un verdadero motor de contención para las naciones sin Estado mientras continúa beneficiando a una capital, Madrid, que concentra el poder económico y político. La complicidad del PP y el PSOE en mantener el estado de la cuestión hace que sean precisamente los movimientos nacionalistas los que se sitúen en la vanguardia, los que apuesten de manera decidida por políticas avanzadas, por dar pasos adelante frente a quien se esfuerza por mantener los privilegios y la discriminación.

Queremos autogobierno porque somos una nación, pero también para conseguir un mayor desarrollo económico, mejorar la vida de nuestra gente y el bienestar social, un futuro más próspero y justo.

Desde Santiago de Compostela, la capital de una nación histórica que quiere construir su propio futuro, defendemos una manera distinta de relacionarnos en este Estado plurinacional. Esa relación desigual, de carácter necesariamente conflictivo, pone en cuestión los propios fundamentos de la democracia. Pero la política requiere también responsabilidad y la historia reciente nos confirma que no, que no es posible poner puertas al mar.