Votar siempre es la solución

Han pasado casi veinte años desde aquel 2 de noviembre de 2005 en que el Congreso de los Diputados inició la reforma del Estatuto catalán. Tres destacados diputados intervenían en el Pleno en nombre del Parlamento de Cataluña: Artur Mas, Manuela de Madre i Josep-Lluís Carod Rovira.

Aquella sesión histórica que tenía que suponer un paso adelante en el modelo del Estado autonómico dio paso a un vergonzante proceso de “cepillado” –en palabras de Alfonso Guerra- que acabó de la peor manera: las Cortes recortando el Estatut aprobado en el Parlament de Catalunya. Las repetidas palabras de José Luís Rodríguez Zapatero -“Apoyaré el Estatuto que salga del Parlament”- se diluyeron como un terrón de azúcar y, con ellas, se diluyeron también las esperanzas y la confianza de buena parte de la ciudadanía catalana en un Estado que ni le escuchaba, ni le respetaba, ni le resolvía sus problemas más cotidianos. El remate final fue la sentencia del Tribunal Constitucional rebajando todavía más el texto estatutario que la ciudadanía ya había aprobado. La opinión de la mayoría de la sociedad catalana, refrendada en las urnas, valía menos que el criterio de un puñado de magistrados elegidos con criterios políticos.

Allí empezó todo: el proceso independentista catalán, y empezó también una crisis democrática que llevó el estado español a protagonizar uno de sus momentos más vergonzosos de su historia contemporánea: la imagen de los cuerpos de seguridad nacionales intentando impedir a porrazos que la gente votara el 1 de octubre de 2017 en Cataluña dio la vuelta al mundo.

Llegados a este punto, y aunque parezca contradictorio, no hay otra solución que preguntar a la ciudadanía qué futuro político desea para su nación. En el fondo, aceptar la celebración del referéndum de autodeterminación es la prueba del algodón de cualquier país que se considere democrático. Es una cuestión que sobrepasa la política: es un tema de derechos fundamentales, colectivos e individuales. Es un derecho recogido en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y es un principio fundamental del Derecho internacional público. Y, en mi opinión, es la única solución para resolver el conflicto político entre el Estado español y las naciones históricas que lo componen, especialmente aquellas que, como Cataluña, sufrieron una derrota militar, la supresión de las instituciones políticas y la prohibición de la lengua propia, que fueron anexadas al reino por la fuerza.

Crisis democrática y territorial

El modelo de Estado centralista actual ha fracasado sin conseguir la anhelada hegemonía, entre otras razones, por qué aquellas partes sometidas a la fuerza no se han sentido nunca plenamente integradas ni culturalmente, ni socialmente, ni políticamente. El Estado de las autonomías instaurado en la Constitución de 1978 ha evidenciado la injusticia del modelo simétrico de “café para todos” agravando el problema, y las propuestas bienintencionadas de Estado federal no han prosperado. En resumen: se ha impuesto la vía de la negación del problema con el argumento de que la Constitución española no permite organizarse de otro modo. Y probablemente sea cierto, pero también es cierto que la Constitución permite muchos más cambios que los que quieren reconocer los guardianes de sus esencias.

Si el statu quo territorial actual no funciona, habrá que proponer alternativas. En mi opinión, la mejor salida es votar, preguntar a la ciudadanía de Cataluña, de Euskadi y de todos los territorios que lo deseen como piensan que tienen que organizarse políticamente. Llevar a cabo una consulta ciudadana es propio de una concepción avanzada de la democracia que se fundamenta, precisamente, en el derecho al sufragio. Permitiría también salir del callejón sin salida actual y resolver las disputas territoriales con métodos propios de una democracia del siglo XXI, como hicieron Reino Unido y Escocia, Canadá y Quebec.

Un referéndum sí es legal

Ya en 2013 el Instituto de Estudios Autonómicos catalán elaboró un informe que demostraba, con un enorme rigor jurídico, que no era necesario modificar ni una coma del actual marco constitucional para poder realizar consultas a la ciudadanía y establecía varias fórmulas legales: la primera, a través de una ley autonómica de consultas populares que requiere, eso sí, permiso del Estado, es decir, una voluntad política que no se dio en el caso de la consulta del 9N de 2014 en Cataluña. La segunda vía legal es a través del artículo 92.1 de la Constitución, que establece que “las decisiones políticas de especial trascendencia y la derogación de leyes en vigor, podrán ser sometidas a referéndum de todos los ciudadanos”. La tercera fórmula es mediante la transferencia de funciones del Estado a un gobierno autonómico para convocar referéndums, como prevé el artículo 150.2 de la Constitución, y que es exactamente la que utilizó el gobierno del Reino Unido con Escocia, a quien cedió temporalmente las competencias sobre referéndums para organizar la consulta de 2014.

No se trata, pues, de un problema legal. La Constitución española no supone ningún freno para que el Estado haga un paso valiente y se plantee nuevas formas de organización. Se trata solo de una cuestión de voluntad política, y quizás la coyuntura no sea la idónea –nunca lo es- pero es probable que en el futuro lo sea menos, con una derecha reaccionaria dispuesta a bloquear cualquier progreso. Y si finalmente el Estado no es capaz de dar este paso adelante, tarde o temprano tendrán que involucrarse en el conflicto las organizaciones europeas supraestatales, que tienen entre sus valores y principios fundacionales la protección de los derechos humanos, la democracia, la igualdad y la libertad.