La cuestión democrática: Autogobierno para más derechos

El título VIII de la Constitución no es suficiente para garantizar la plenitud del Estado Social y Democrático de Derecho en el que se reivindica España. La autonomía municipal y autonómica como mecanismo de autogobierno y de garantía de derechos, se han encontrado a lo largo de los años de democracia con tres obstáculos que hacen imposible su desarrollo: las políticas neoliberales, la resistencia bipartidista a la orientación federal del Estado de las Autonomías y la resistencia monárquica al avance democrático que supondría que España fuese una república.

Es una cuestión democrática, un debate que adquiere una importancia de primer orden: la orientación de Estado que debemos tener, la organización territorial del Estado, y el modelo de Estado son cuestiones fundamentales en un momento en el que debemos avanzar en políticas públicas que garanticen mejores derechos. No solo para las trabajadoras y trabajadores (más allá de las relaciones laborales) sino también para los avances en los derechos feministas, alternativas urgentes frente a la crisis eco-social, y políticas que garanticen la pervivencia de la paz y la seguridad humanas, justo en un momento como este, en el que retorna el belicismo y el rearme frente al agotamiento de mecanismos democráticos en la Comunidad Internacional.

Una cuestión democrática en un momento de profundo cuestionamiento antidemocrático, de auge de las organizaciones y discursos antidemocráticos, en el que el Gobierno de España es una excepción en su entorno, con gobiernos de Europa en manos de la extrema derecha. Pero también, con gobiernos autonómicos de derecha y/o en coalición con la extrema derecha, aplicando agendas de gobierno de recorte de derechos y privatización de servicios públicos.

Autogobierno para garantizar derechos, para transformar la realidad, para ensanchar democracia.

Autogobierno y relaciones de poder

Pero no nos engañemos. ¿Qué pasaría si un gobierno autonómico con competencias de autogobierno decidiera sortear los obstáculos de las políticas neoliberales y la resistencia que PSOE y PP han tenido al desarrollo de las políticas federalistas, y quisiera aplicar una agenda de gobierno de ampliación de derechos y ahondamiento en el autogobierno?

En 2013 Andalucía aprobó la Ley de la función social de la vivienda, una Ley impulsada por Izquierda Unida en un gobierno de coalición con el PSOE. Una Ley que tenía como objetivo garantizar el acceso a la vivienda en un momento de desahucios masivos a familias trabajadoras sin alternativa habitacional. Hay que recordar que Andalucía tiene todas las competencias en materia de vivienda.

Por primera vez, un Gobierno autonómico regulaba las viviendas vacías que no estuvieran destinadas a dar habitación, en manos de personas jurídicas, planteando sancionar a las entidades bancarias por no sacar sus casas vacías al mercado y expropiar temporalmente las viviendas a aquellas entidades jurídicas que estuvieran a punto de desahuciar a familias en riesgo de exclusión.

Fue un terremoto, porque hablábamos del derecho a techo, pero, sobre todo, hablábamos de la función social de la propiedad, del derecho humano a la vivienda como condición de posibilidad del resto de derechos que todo humano debe disfrutar. Hablábamos de exprimir todas las competencias de un gobierno autonómico en un momento de terribles consecuencias por una crisis financiera y el pinchazo de una burbuja inmobiliaria que tan bien habían creado la confluencia de políticas neoliberales, mercado inmobiliario, entidades financieras y políticos corruptos.

La reacción del gobierno del PP, la Comisión Europea y la derecha económica y mediática no se hizo esperar, y el sustento jurídico del Recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de Rajoy, se basaba en que Andalucía había invadido competencias estatales, tal y como posteriormente declaró el Tribunal Constitucional, “Un uso de la competencia autonómica en materia de vivienda que, al interferir de modo significativo en el ejercicio legítimo que el Estado hace de sus competencia, menoscaba la plena efectividad de dicha competencia estatal”.

La Ley de vivienda andaluza había cuestionado el papel que la vivienda tenía en aquellos años, tratada más como un bien de mercado que como un bien de primera necesidad. La Comisión Europea mandó una carta al Reino de España, en la que señalaba que la Ley podía “afectar negativamente a la estabilidad del sistema bancario y a la recuperación económica". Los inspectores de la 'troika' (formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional), en los momentos más duros e injustificados de la intervención en la soberanía española, alertaron de la gravedad de aquella Ley en el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento (MOU) que España firmó a cambio del rescate bancario. La Ley afectaba al sector financiero, decían, porque daba herramientas al autogobierno andaluz, en el marco de sus competencias constitucionales en materia de vivienda, para proteger a las familias andaluzas frente a los buitres financieros que estaban mercadeando con un bien de primera necesidad como la vivienda.

Cambios formales y radicalidad democrática

Hoy como ayer, la confluencia de políticas neoliberales y políticas centralistas operan como un muro en el avance de derechos y en el desarrollo de competencias de autogobierno. Los retos de país que tenemos necesitan de políticas de radicalidad democrática que pongan la vida en el centro y de estructuras político organizativas ágiles garantes de servicios públicos, que impulsen agendas de gobierno democráticas y promuevan participación política de la ciudadanía.

La cuestión radica en que el autogobierno sea palanca de transformación antineoliberal, no es sólo una cuestión de organización del Estado de las Autonomías para que avance hacia un Estado Federal, vincular autogobierno con políticas antineoliberales, o democráticas, permite que el interés general se anteponga a los intereses de oligopolios, necesitados del debilitamiento de la soberanía de los pueblos.

La cuestión democrática y el autogobierno están íntimamente ligadas al modelo de Estado, la res-pública permite una mayor participación en los asuntos públicos y un mayor control de los gobiernos.

Autogobierno, democracia frente a neoliberalismo e identidad como atributo de los pueblos y también como cuestión personal, que es política. La mirada hacia España siempre está condicionada por la propia vivencia personal y comunitaria en la que hemos crecido, y en mi caso, la crianza entre Galicia y Andalucía me reafirma en que no hay viabilidad de país si se federaliza el norte y se regionaliza el sur, tampoco si se apuesta por la confederalidad asimétrica.

Una mirada desde la periferia geográfica y política que aspira a que los avances en igualdad y justicia social alumbren los retos de país que requieren una reorientación del Estado en favor de las mayorías sociales.