¿Porqué es necesario el municipalismo y más el de izquierdas?

Algunos datos y una reflexión sobre democracia y participación ciudadana.

1. Los ayuntamientos y diputaciones provinciales siguen siendo el pariente pobre de las Administraciones públicas.

A finales de los años setenta, en plena transición democrática, aún teníamos un Estado y estructura institucional totalmente centralista. Las Administraciones públicas directamente dependientes del Gobierno central acaparaban más del 90% del gasto público, pero el debate sobre la descentralización y la creación de las nuevas Comunidades Autónomas estaba encima de la mesa, sobre todo impulsado, no nos engañemos, por las masivas movilizaciones nacionalistas en Catalunya y País Vasco (menos en Galicia), resumidas con la reivindicación en la calle de Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía. A estas se sumaron los movimientos en otras regiones que no estaban dispuestas a que la nueva estructura administrativa solo diera autonomía a las tres nacionalidades históricas.

De aquí surgió el “café para todos” y que los partidos políticos planteasen que había que reformar totalmente la estructura del Estado, con un nuevo reparto competencial. En parte de la izquierda se resumió en una reivindicación del reparto del gasto público que tuviera como objetivo reducir drásticamente el poder central y se pasara, idealmente, a un nuevo reparto de la tarta presupuestaria, en la que el 50% estaría controlado por el Estado Central, el 25% por las Autonomías y otro 25% para los entes locales (ayuntamientos y diputaciones). 

Casi medio siglo después nos encontramos con que no se ha conseguido este objetivo. El Estado central sí ha disminuido sus competencias y presupuestos, hasta acercase a la mitad del total del gasto público y las Autonomías han ido acaparando, pero los ayuntamientos siguen siendo el pariente pobre de las Administraciones públicas. El reparto actual del total del gasto público en España se sitúa entorno al 55% gestionado desde el Estado central, las CCAA el 33% y queda entorno al 11 a 12% para las entidades locales, lejos del ansiado 25%. Esto a pesar de que, como es bien sabido, los ayuntamientos son la primera instancia donde todo ciudadano va a expresar cualquier queja o demanda, sea sobre temas de competencia municipal o sobre sanidad, educación, vivienda, seguridad, etc.

Como indican Bosch Roca y Vilalta Ferrer (2024): “El peso de la hacienda local española, que representa un 11 % del total del gasto del sector público, está por debajo de los países que podemos tomar como referencia y que, al igual que el nuestro, tienen tres niveles de gobierno. Por ejemplo, este porcentaje es del 19 % en Suiza, del 18 % en Canadá y del 17 % en Alemania”. Concluyendo que “El tipo de competencias que están ejerciendo los municipios conllevan unos niveles de gasto que no están bien cubiertos a través de las actuales fuentes de ingresos... Urge una reforma de dicho modelo”.

El ser los parientes pobres de la Administración no es una metáfora. Los que hemos ejercido alguna responsabilidad en un gobierno local lo hemos vivido en primera persona. Por ejemplo cuando hemos solicitado repetidamente alguna subvención o, simplemente, una reunión petitoria, ayudas a la administración autonómica o central, ya sea para una actuación urgente e inesperada o para poder prestar mínimamente los servicios sociales, ayudas para obras en los colegios o para la rehabilitación de edificios, equipamientos, etc. Servicios que sin la aportación económica de la C. A. correspondiente sería imposible de prestar. Incluso muchos de ellos se realizan mediante convenios que anualmente hay que renegociar -y sufrir. 

2. Sin participación directa no hay democracia y la participación ciudadana es más factible en lo local.

La asamblea y la democracia directa son esenciales para recuperar una democracia activa. Buena parte del aumento de la desafección por la política, del rechazo a todo lo que huela a partido político en la sociedad española, deviene de la falta de democracia directa. La dificultad para participar en las instituciones y en todo lo público, la falta de democracia en lo cercano, en lo próximo, en los problemas de la vida cotidiana, ha contribuido desde hace décadas al desprestigio de la política y de los “políticos”, y a la imagen de burocracia de nuestras Administraciones públicas.

Esta realidad del mundo de la política se ha vivido desde la transición, donde en poco tiempo se pasó de la prohibición de los partidos políticos a darles todo el poder, recogiéndolo así en la mismísima Constitución española (CE). Se derivó en lo que para muchos se considera un sistema de “partidocracia”, dado que todos los poderes dependen, en primera o en última instancia, de los partidos políticos y de su representación en el Congreso de los Diputados. El resto de instituciones públicas y por supuesto las asociaciones, sindicatos o movimientos sociales, quedan como entes marginales en la estructura institucional.

A pesar de que, es necesario recordar, en nuestra Constitución también se recoge el derecho a la participación directa, en el artículo 23, pero este derecho no ha sido debidamente desarrollado en normas posteriores. Cualquier consulta directa, referendo o recogida de firmas, queda solo como mera iniciativa ciudadana o propuesta, que podrá ser denegada, directamente, sin discusión, por el órgano representativo correspondiente.

Esto ocurre no solo en el Congreso, también los plenos de un Ayuntamiento pueden rechazar directamente cualquier propuesta de consulta o iniciativa. A diferencia de lo que ocurre en otros países de nuestro entorno. No solo en Suiza, también en Italia, los países nórdicos, etc. donde, por ejemplo, una recogida de firmas obliga al Gobierno a convocar una consulta vinculante.

Si queremos que nuestra democracia recupere prestigio -y en la situación actual es uno de los motivos del ascenso de ideas autoritarias y ultraderechistas- solo una estructura participativa, a todos los niveles, puede facilitar la recuperación de una administración realmente democrática. Esta recuperación será más factible -y solo posible las más de las veces- desde el ámbito administrativo público más cercano a la ciudadanía: el ámbito local, los ayuntamientos.

También es necesaria una reforma de la legislación que obligue a los ayuntamientos a tener verdaderos órganos de participación ciudadana y a su fomento a todos los niveles. Actualmente, en base al principio de autonomía municipal, tenemos en España municipios donde se practica la democracia directa vecinal para casi todo y otros donde es inexistente.

Por poner un último ejemplo. La legislación indica que “Terminada la sesión del Pleno, el Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas concretos de interés municipal. Corresponde al alcalde ordenar y cerrar este punto”, según recoge el Estatuto del Vecino (título VII del ROF de 1986), que queda además supeditado al Reglamento Orgánico Municipal de cada Ayuntamiento. A pesar de que, como se ha dicho, indica que el Alcalde “puede” y siempre podrá negarse a que se realice. Queda así como un espacio marginado en las sesiones plenarias. 

Es muy llamativo como en los Plenos, cuando el alcalde o alcaldesa da por finalizada la sesión, el Secretario que realiza el acta oficial se levanta y ostentosamente abandona el Pleno, para después entonces, si el alcalde lo desea, dar la palabra al vecindario. No figurará en acta lo que se hable. Es como si el Secretario dijera, ahí os quedáis, charlar de lo que queráis (aun así en la práctica sí puede tener repercusión pública este apartado de participación vecinal).

La democracia indirecta, la elección de representantes (delegados, diputados, concejales…) también es esencial. Como expresan en su artículo Villasante y Sierra, los grandes cambios democráticos y republicanos en España han estado marcados por grandes movilizaciones municipalistas y locales. 

Estamos en un cambio de ciclo. Al no nos representan y el horizontalismo del 15M, le sucedió un periodo populista de izquierdas que mostró sus límites e insuficiencias. Ahora movimientos asamblearios y horizontales manifiestan de nuevo la necesidad de construir desde abajo para controlar a los de arriba, construir despacio pero con pie firme. La urgencia de pactos para las elecciones generales no debe de hacernos olvidar que solo una unidad firme, construida desde abajo -y apoyada desde arriba- podrá hacer viables y perdurables en el tiempo nuevas entidades unitarias, frentes amplios o como se les quiera llamar. 

Conclusión: pensemos en el medio y largo plazo, el municipalismo y las próximas elecciones locales son una ventana de oportunidad para el cambio, si se sabe aprovechar.