La despoblación es la mayor amenaza a un mundo rural vivo y sostenible

¿Cómo arreglar el problema de la España que se queda vacía? Este fue el título del programa de Radio Nacional de España emitido el día 19 de diciembre de 2017. “La España Vacía” es el título del libro de Sergio del Molino que logró colocar en las mentes de la mayoría ciudadana de nuestro país el problema de la despoblación. No se puede vivir en un pueblo en el que no puedes comprar un litro de leche, o en el que tan solo hay médico 2 horas a la semana.

La actualización del Padrón vuelve a mostrar como Castilla y León perdió 21.718 habitantes, es decir, 59 habitantes cada día. Mas de 3.500 pueblos están en peligro de desaparecer en los próximos 10 años. 31 comarcas rurales tienen ya densidades de población por debajo de los 4 hb/km2. En 26 comarcas, más del 35% de su población es mayor de 65 años y en 50 comarcas menos del 10% de la población tiene menos de 15 años.

En el contexto de la Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos celebrada el 17 de enero de 2017, se logró introducir el debate demográfico de la mano de varias Comunidades Autónomas. La cuestión esta en que el desequilibrio demográfico y la despoblación serán asuntos esenciales para el futuro del modelo de financiación autonómico. Es imposible mantener servicios con una densidad que no supera los 1o hab/Km2 y este debería ser un elemento sustancial en el debate que se avecina y parte esencial de la solución. La respuesta inicial fue rápida, y el 27 de enero de 2017 se promulgó el RD 40/2017 por el que se crea el Comisionado para el Reto Demográfico. Apenas 3 páginas para desarrollar una estructura cuya función inicial es elaborar una “estrategia para enfrentar el reto demográfico” Ha pasado un año y no tenemos ninguna noticia de la acción de este Comisionado más que la promesa de que en enero, o a lo más tardar en febrero, tendremos el documento. Sin embargo, no necesitamos más análisis, ni estrategias políticas. Este nuevo documento se sumará a la ponencia aprobada en el Senado en 2015 en la que, a lo largo de 66 páginas, se plantearon 137 medidas. El informe de la FEMP de abril de 2017 con 81 medidas distribuidas en 7 área de actuación. Otra subcomisión en el Senado aprobada en noviembre de 2016 y que ha iniciado sus trabajos en junio de 2017 y a lo que se suma la Resolución aprobada el pasado 14 de noviembre por el Parlamento Europeo “Sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones para afrontar el cambio demográfico”.

Sin embargo, en este puzle de iniciativas políticas falta una pieza esencial y es la Ley 45/07 de 13 de diciembre de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La miopía y obcecación del gobierno del Partido Popular la guardó en un cajón nada más asumir el gobierno en el año 2012. Cualquier estrategia para enfrentar la despoblación en el medio rural debe apoyarse en una política de desarrollo rural. Lo contrario significa descontextualizar el problema y alejar las soluciones. Es desquiciantemente absurdo pensar lo contrario. La garantía de éxito de la política demográfica será vincularla a la aplicación efectiva de esta ley. Como comentaba hace unos meses con Jerónimo Lorente, defensor del medio rural, y activista y promotor de “La Otra Guadalajara”, la aplicación de la política demográfica en el marco de esta ley será la garantía de que las medidas y recursos se concentran en las 105 comarcas prioritarias y que con mayor gravedad sufren este reto demográfico.

Somos herederos de un modelo territorial que más allá de la delimitación provincial que diseñó Javier de Burgos en 1833 no ha pasado por ninguna revisión profunda, y mucho menos ha evolucionado en ninguna de sus formas posibles para dar respuesta a los nuevos retos de la ordenación territorial. El régimen franquista consolidó un modelo centralista y a la vez de profunda segregación espacial entre el medio rural y las ciudades. Se impulsó un modelo de desarrollo dependiente y esquilmador que asigna al mundo rural una función subordinada al desarrollo urbano, y al sector industrial primero y de servicios después. Este modelo de desarrollo tuvo su expresión en la construcción de pantanos por el cual las montañas asumieron las servidumbres y vaciaron de gente sus pueblos, pero no solo, sino que se arrastra hasta nuestros días en el diseño de las infraestructuras de comunicación, en el desarrollo de la política energética, o en la exigua estrategia de industrialización difusa que dejó fuera a todas las poblaciones rurales intermedias.

En este contexto, la emigración de la mano de obra de las zonas rurales a las urbanas era esencial al modelo de desarrollo. Este vaciamiento del mundo rural no ha cesado. En valores absolutos puede parecer un movimiento insignificante pero hoy nos encontramos con 105 comarcas en situación absolutamente crítica y otras 114 comarcas en situación de declive. Entre las comarcas en declive, encontramos aquellas que han sufrido en las últimas dos décadas reconversiones sectoriales importantes; como es el caso de las comarcas mineras, pero también el caso de las comarcas cuyas economías se apoyaban en sectores como la leche, o la remolacha. En estas comarcas encontramos una población juvenil que no tiene forma de trabajar y quedarse en ellas, y con una población adulta y prejubilada que no tiene fuerzas ya para empujar nuevas alternativas. Esta realidad determina que hoy hablemos de una doble estrategia; una estrategia de lucha contra la despoblación orientada a mantener los activos poblacionales que todavía viven en comarcas que podemos considerar en declive, y otra estrategia de repoblación que se dirige a captar la vuelta de nuevos pobladores y pobladoras a las zonas rurales que ya se encuentran en una situación crítica. Una estrategia y otra implica medidas y actuaciones diferenciadas.

Existe una opinión generalizada de que, en momentos de crisis, la gente vuelve al pueblo donde se “resiste” mejor. Además, me encuentro con personas con capacidad de decisión, que elevan esta opinión a la categoría de análisis y actúan como si esto fuera así sin más. Sin embargo, se olvidan de que en momentos de crisis la gente, sobre todo los hogares jóvenes o en edad productiva, se mueven buscando los lugares donde pueden cubrir más fácilmente estas necesidades y sobre todo donde piensan que es más fácil conseguir un empleo

Analizar la evolución de la población rural en el periodo 2001 a 2016 es realmente revelador. Entre el año 2001 y 2011 asistimos por primera vez en muchas décadas a un proceso de crecimiento de la población rural. Desde los pueblos de las montañas hasta los de las llanuras cerealistas, todos crecieron en valores absolutas en más de 300.000 personas, lo que equivale a un 4,7% sobre la población de 2001. El problema es que la evolución más reciente de las cifras de población entre los años 2011 a 2015 muestran como la estabilidad que se había empezado a alcanzar ha quebrado, y las zonas rurales han comenzado de nuevo a perder población con una intensidad preocupante. Los datos del padrón de 2016 lo confirman. Si dividimos el periodo que va de 2001 a 2015 en tres etapas observamos como en la primera etapa que abarca los años entre 2001 y 2007 justo antes de la crisis, la población rural – residente en municipios de menos de 10.000 hb - creció a un ritmo de 65.000 personas al año. A partir de 2008 este incremento se ralentiza y reduce su crecimiento en un 40% aunque sigue aumentando en 40.500 personas al año. Pero es a partir del año 2012 cuando se produce de forma brusca un nuevo descenso de población en las zonas rurales que es de 58.000 personas cada año. Esta tendencia continúa y entre el año 2015 y 2016 los municipios rurales han perdido 61.574 personas. Por lo tanto, la crisis de la última década ha tenido su reflejo directo en una mayor desigualdad territorial entre la España rural y la urbana, pero, por otra parte, el análisis nos muestra como hay motivos para la esperanza. Si fue real el inicio de la revitalización, es posible volver a su senda.

Lo más significativo es el abandono progresivo de los municipios y núcleos más pequeños, y la concentración de la población en las cabeceras de comarca. Así mientras ha crecido el número de municipios de menos de 100 habitantes pasando de 928 en el año 20001 a 1.286 en 2016, el porcentaje de población que reside en las cabeceras de comarca ha crecido en un 3,45% de media y el tamaño medio de la cabecera de las comarcas rurales ha aumentado en un 12%.

Esta última constatación estadística es esencial para cerrar la reflexión. ¿Es posible recuperar niveles demográficos vitales y sostenibles en comarcas con menos de 5 hb/KM2 o en municipios con menos de 100 personas, 50 o incluso 30 personas censadas? Personalmente pienso que no es realista si lo pensamos pueblo o pueblo, o municipio a municipio. Probablemente incluso haya condicionantes culturales que ya no nos permiten vivir en lugares que no reúnan ciertas características para la socialización. Podrán surgir experiencias o proyectos exitosos que logren sacar del declive un pueblo o cinco, pero la cuestión es definir estrategias políticas que sean extensibles, eficaces y esperanzadoras. La clave es abordar la estrategia territorial desde el desarrollo de la comarca como unidad administrativa que se apoya en una realidad cultural – social – económica e incluso ecológica en la cual los habitantes de un territorio rural se identifican. Al analizar la realidad rural hacemos constantemente referencias a la comarca, y sin embargo, la comarca como tal apenas ha tenido desarrollo político y administrativo. En este sentido, la comarcalización es un prerrequisito necesario al resto de las cuestiones planteadas.

La única referencia estatal que tenemos es el Mapa de la Comarcalización Agraria del Ministerio de Agricultura, que si bien no podemos asumirlo de forma absoluta, su distribución se acerca bastante a lo que podríamos imaginar cuando conocemos la conformación de cada una de ellas. Actualmente tan solo 4 Comunidades Autónomas cuentan con una división comarcal aprobada por Ley; Aragón, Cataluña, Asturias y Galicia, pero su desarrollo ha quedado muy limitado y no logran cumplir su propósito salvo en Cataluña. Recientemente, el grupo parlamentario de Compromís ha presentado una Proposición de Ley en las Corts Valencianes para la delimitación territorial comarcal de la Comunidad Valenciana. Otras Comunidades Autónomas como Cantabria, Extremadura o Castilla y León han abierto el debate a través de sus Planes de Ordenación Territorial, si bien, no lo han concluido. Castilla-La Mancha no tiene una ley de comarcalización por lo tanto no existen divisiones comarcales con entidad administrativa aunque se reconocen diversas comarcas por tradición histórica que aglutinan varios municipios y que vienen a coincidir con las delimitadas en el Mapa de Comarcalización Agrarias del Ministerio de Agricultura.

Conocemos de primera mano proyectos directamente dirigidos a luchar contra el despoblamiento rural y la revitalización demográfica, como es el caso del Proyecto Abraza la Tierra, que nació como proyecto de cooperación interterritorial financiado desde LEADER, y que hoy es Fundación Abraza la Tierra. Proyecto con metodología contrastada y con experiencias reales en 19 comarcas rurales que fue abandonado a su suerte por el Ministerio de Agricultura y por sus respectivos gobiernos autonómicos. También tenemos la Red Terrae formada por municipios de todo signo político, cuyo objetivo es la revitalización del medio rural, y que nunca ha contado con apoyo para impulsar y extender su planteamiento a otros territorios. Sin embargo, no podemos pedirles esfuerzos titánicos. Su éxito dependerá de un cambio real en las estrategias políticas.