El derecho a decidir y la independencia de Catalunya. Una reflexión desde el país valenciano
Manuel Alcaraz
Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante. Miembro del Consell General de Compromis.
El asunto que incita a esta reflexión es tan complejo y suscita tantas incertidumbres que la honestidad intelectual exige algunas explicaciones previas sobre mi biografía política e intelectual, porque no creo que haya una idea aséptica, amparada por una coherencia total, separada de las percepciones condicionadas por las experiencias y proyectos de cada interviniente en el debate. Resumiendo: me considero una persona de izquierdas que ha militado y milita en partidos de izquierda y que ha sido y es activista en diversos movimientos cívicos, culturales y sindicales; igualmente me considero un valencianista intensamente influido por la simpatía hacia al catalanismo, pero no un nacionalista; finalmente, mi actividad profesional ha provocado que haya debido intentar racionalizar todo ello en libros, artículos, debates o conferencias y, si bien ello habrá servido para refrenar algunos ímpetus, no me dota de una imparcialidad ni de una pericia definitivas para abordar la cuestión que nos ocupa. Dicho esto comenzaré por exponer algunas ideas en las que se enfatiza el análisis desde el País Valenciano para adentrarme luego en alguna consideración más general.
Para comprender las distorsiones que el asunto adopta entre valencianos hay que tener en cuenta algunos aspectos de la Transición, aunque hay precedentes en épocas anteriores:
- Desde los años 60 y de la mano, esencialmente, de Joan Fuster, emerge un nuevo valencianismo, moderno, crítico, que impugna los estrechos límites del valencianismo regionalista, conservador, que se agotaba en sí mismo al negarse a cuestionar su relación con el conjunto de España. Este valencianismo que, para muchos, será directamente una forma de nacionalismo, es, en su esencia, catalanista y considera que decirnos valencianos es nuestra forma de llamarnos catalanes, lo que se deduce, en la obra fusteriana, de una brillante interpretación de la historia compartida por catalanes y valencianos que conduce a una identidad cultural basada sobre todo en hablar la misma lengua. Este esquema desembocaría en la reivindicación de unos Països Catalans. Sin embargo esta construcción siempre tuvo puntos débiles, como la ambigüedad teórica sobre la esencia de esos Països y ante el dualismo valenciano con zonas histórica y lingüísticamente no catalanas o, sobre todo, su despreocupación por convencer a la mayoría de la sociedad de un relato que podía ser intelectualmente consistente, pero que contradecía demasiadas cosas consideradas reales por la tradición regionalista. En cualquier caso esta corriente fue fundamental para armar ideológicamente el bloque de progreso que consiguió mayorías en la Transición, impregnando el mundo sindical, universitario, artístico, etc.
- La derecha valenciana reaccionó con un visceral anticatalanismo con una defensa cínica e inculta de las señas de identidad regionalizadas y del provincialismo, así como con el rechazo de la lengua propia. En esa estrategia llegarán a la amenaza y la agresión, un terrorismo de baja intensidad que estableció un clima de crispación –la denominada Batalla de Valencia- que limitó los éxitos de la izquierda y rompió muchas expectativas de modernización social. Si bien no consiguieron derrotar electoralmente a la izquierda, si lograron aislar a los movimientos más renovadores dentro de ésta, así como un encastillamiento del valencianismo catalanista, demasiado convencido de tener razón como para intentar persuadir de su utilidad y que, muchas veces, prefirió dimitir de la acción política para sumergirse en el victimismo y alimentar un autocompasivo imaginario de la derrota.
Las consecuencias de esta dialéctica han perdurado por décadas y, a los efectos del actual debate, cabe recordar:
- En la izquierda perduraron corrientes de simpatía minoritarias hacia Catalunya y el catalanismo como no se dan en otras partes de España –aparte de Baleares-, y aunque algunas fuerzas –PSOE- han sido en exceso prudentes, otras –ahora, en especial, Compromís- han seguido manteniendo su voluntad de vincularse de alguna manera –casi siempre de manera incierta- con lo que acontece en el Principat. Ello no elude algún problema. Así, la crítica redundante a las fuerzas catalanistas que se olvidan sistemáticamante del País Valenciano o la falta de simetría y diálogo entre partidos valencianos y catalanes. Por otra parte la izquierda política y social, aunque con distinto énfasis, sigue defendiendo cuestiones de interés común que retroalimentan la simpatía, sobre todo la defensa de la lengua y medios de comunicación propios.
- En la derecha el anticatalanismo se constituyó como una parte sustancial y perdurable de su relato. O sea: lo que se fue expandiendo por toda España de la mano de algunos intelectuales y periodistas y, después, con fiereza impropia de una fuerza democrática, del PP, fue antes ensayado, una y otra vez, en el País Valenciano. Hay que advertir, no obstante, que la llegada al poder del PP en la Generalitat Valenciana hizo que moderara sus invectivas, pues el conflicto permanente no era algo que interesara a los nuevos gobernantes. Por eso el anticatalanismo devino en una ideología disponible, silenciada en sus aristas más estridentes pero abierta en el apoyo a entidades reaccionarias y mostrada en el escaso interés por la enseñanza o la comunicación en la lengua propia. Ideología disponible que se activaba con energía cuando los intereses electorales lo aconsejaba. Así sucedió con los ataques al Estatut Catalá o asociado a las demandas del trasvase del Ebro. Al grito de “els catalans ens furtan tot!” se adoptaron resoluciones extemporáneas, se debilitó la trama cívica cultural, se menospreció –hasta su reciente cierre- a RTVV y se introdujeron pintorescas cláusulas en la reforma del Estatut valenciano, para no ser menos que los catalanes.
Es bastante plausible que la derecha valenciana reaviva el discurso anticatalanista según avancen las demandas soberanistas. Pero hay que matizar. En los últimos días asistimos a la enésima confrontación lingüístico-identitaria entorno a la definición de “valenciano” que ha hecho la Acadèmia Valenciana de la Llengua y que establece su unidad con el catalán, lo que ha motivado airados bramidos del PP, con el President de la Generalitat a la cabeza –en castellano, no sabe hablar valenciano-catalán- y un kafkiano cruce de dictámenes jurídico y filológicos. Lo de siempre. Bueno, no exactamente: no han faltado voceros que hacen el coro pero, en comparación con otras épocas, no hay, al menos por ahora, una ola de anticatalanismo callejero. Lo que probablemente quiere decir que el pueblo valenciano, inmerso en un amargo despertar y sabiéndose arrastrado a una crisis especialmente humillante por el desenfreno de corrupción y despilfarro, no está por trastocar sus inquietudes cotidianas con este nuevo zafarrancho anticatalanista que tampoco se ha atrevido a mezclar el Diccionario con el soberanismo catalán. A ello, seguramente, hay que sumar la inesperada convulsión, trasversal, que ha supuesto el cierre de RTVV, que ha dejado sin algunos argumentos clásicos y sin aliados históricos al PP. Son indicios, dispersos y nada definitivos, de un cierto cambio de corriente.
¿Y la izquierda? Posiblemente, por lo indicado antes, entre las personas que se definen de izquierdas -algo distinto de los alineamientos electorales estrictos- las corrientes de comprensión o, al menos, de atención ante el fenómeno soberanista son mayores que en otros lugares. Pero las fuerzas políticas, como tales, no se han pronunciado. El PSOE coincide con la propuesta de su organización federal. EU y Compromís no se han definido de manera oficial y notoria, aunque algunos militantes, sobre todo de Compromís, hayan mostrado su apoyo a las tesis soberanistas, mientras que otros han manifestado su escepticismo o, al menos, traten de refrenar lo que se contempla como alegrías innecesarias. Puntualmente, alguna organización cultural ha expresado su apoyo incondicional y, en el plano anecdótico, en València, siguiendo la inercia del mimetismo de otras épocas, se convocó un acto para reivindicar el Derecho a decidir del pueblo valenciano.
¿Qué viene a demostrar todo esto? Pues que es imposible hacer un análisis político sobre el asunto, en tierras valencianas, sin incurrir en contradicciones. Demasiado peso de la historia, demasiado intento de negociar lo que un día se consideró innegociable, demasiada manipulación de lo que debería estar reservado al ámbito de lo académico, demasiada confusión entre la legitimidad de las ideas y la creencia irracional en su automática evidencia generalizada. Esas contradicciones, no obstante, no tienen por qué eternizarse, al fin y al cabo la misma demanda de independencia, asumida por una buena parte de la sociedad catalana, es una novedad. Y sobre esta polémica de base identitaria se sobreponen los nubarrones de la crisis, anclando decisivamente en la más cruda realidad todos los movimientos importantes susceptibles de politización.
En ese marco, mi opinión es que lo peor que le podría ocurrir al valencianismo de estirpe catalanista es la independencia de Catalunya, por varias razones:
- El establecimiento de una frontera entre España y Catalunya supone ponerla también entre ésta y el País Valenciano, con todas las cortapisas que eso supondría, al menos durante largo tiempo.
- El mantenimiento de la unidad de la lengua sería mucho más difícil: además del rechazo genérico a lo catalán que previsiblemente se produciría, las dificultades para el mercado cultural y la ruptura de algunos proyectos comunes repercutirían sobre la parte más débil de la lengua, aunque ésta se fortaleciera en una Catalunya independiente.
- Las diversas versiones de españolismo existente en el País Valenciano se reforzarían, incluidas las que tienen asiento en un pensamiento de izquierdas, y el valencianismo político perdería capacidad de desarrollo al tener que ponerse a la defensiva.
Por todas estas razones puedo entender algunas alegrías de algunos nacionalistas valencianistas que ven en la independencia catalana una suerte de redención vicaria, pero me parece que eso sólo se defiende desde un idealismo ideológico vacuo y no desde lecturas políticas mínimamente pragmáticas. Por supuesto, quien diga esto puede inmediatamente verse sometido a una pregunta: ¿y defendería una independencia global de los Països Catalans? Pero es una pregunta trampa, porque la realidad es que la reivindicación del Derecho a decidir catalán excluye al País Valenciano y esa demanda en el País Valenciano es prácticamente inexistente y si se produjera el hecho refrendatario el resultado más que previsible sería una masacre para cualquier valencianismo catalanista. Sea cual sea el camino que se tome, siempre hay que partir de una realidad: el nacionalismo político catalán está asentado sobre una base amplísima de catalanismo cultural, más difuso, pero muy coherente y penetrante en todas las capas de la sociedad; en el País Valenciano el nacionalismo es casi inexistente porque no hay un valencianismo difuso, coherente y penetrante. La tarea de los valencianistas sigue siendo la de hacer crecer esa base, insoslayablemente en conjunción con otros valores progresistas; que de ahí surja un nacionalismo catalanista con vocación mayoritaria, es algo que estaría por ver, pero tan lejos que permanece más allá de cualquier horizonte político: es un simple ensueño metafísico.
Hechas estas observaciones en clave valenciana me voy a permitir algunas reflexiones sobre el debate en Catalunya. Vaya por delante una declaración genérica: intuitivamente no estoy a favor de la independencia de Catalunya, por dos razones. La primera es tan intensa como intelectualmente débil: mi costumbre vital es pertenecer a una realidad geográfico-cultural-estatal que incluye a Catalunya y si se produjera la independencia lo viviría con una sensación de pérdida; ese sentimiento debe ser compartido por centenares de miles de españoles que no son anti-catalanistas, porque los más reaccionarios, supongo, se sentirán, en el fondo, aliviados si se produjera la secesión; de estos españoles moderadamente procatalanes no se está hablando y pueden constituir un segmento político significativo. La otra razón va unida a mi perspectiva valenciana, pero ahora lo argumento de una manera más amplia: Catalunya aporta al conglomerado español elementos muy significativos, por su historia y cultura, de progresismo: tradiciones de civismo, pluralismo y europeísmo están muy aferradas a la idea de Catalunya, por lo que tiendo a pensar que, sin ella, esos valores se debilitarían en España, y todo ello al margen de la reaccionaria política actual de CiU en lo socio-económico.
¿Significa ello que les niegue el Derecho a decidir? Vamos por partes. Significa, inicialmente, que tengo un Derecho evidente a decirle a los catalanes estas cosas, sin que tenga que verme afectado a priori por las opciones limitadas que pueden tener los catalanes. Incluso puedo reconocer, sin quebranto de la coherencia, que si fuera catalán, quizás, fuera independentista y, desde luego, estaría por un Derecho a decidir, aunque ya no esté tan seguro de las opiniones que tendría sobre la legitimidad de las diversas fórmulas posibles para ejercerlo. Si ello es así es porque creo llegar a entender algunas reacciones del pueblo catalán, sometido a desprecios, marginación y humillaciones en los últimos años, por parte de los partidos dinásticos españoles y por otras élites jurídicas, mediáticas, etc.
No creo que el mal se originara en la Transición, porque no creo que debamos usar la Transición como una plantilla inversa que automáticamente explica todo lo que va mal, igual que el relato principal de la Transición la ahoga en celebraciones y homenajes y la presenta como suma de todas las bondades sin atisbo de error. Pero el modelo que salió de la Transición –aunque yo hubiera preferido el reconocimiento de la plurinacionalidad y un sistema de federalismo asimétrico- era, seguramente, lo que mejor se podía conseguir de acuerdo con la correlación de fuerzas existente, incluyendo en esa correlación los deseos mayoritarios del nacionalismo catalán pues, como pisieron explícitamente de manifiesto Roca y Pujol, el redactado final satisfacía plenamente sus aspiraciones que, desde luego, nunca incluyeron un sistema federal. En todo caso la cuestión no es que debamos conformarnos con el resultado del consenso constituyente porque no había otra cosa: al menos en este caso el mecanismo desbloqueó el uniformismo españolista heredado, abrió puertas a nuevas experiencias y posibilitó unas estructuras que han funcionado de manera razonable durante mucho tiempo, contribuyendo decisivamente a la construcción del Estado social en España. Los ataques indiscriminados al modelo autonomista sirven ahora a los que pretenden una nueva centralización del Estado en nombre del invisible pero omnipresente nacionalismo español, arrasando, de paso, servicios y prestaciones públicas.
No creo, pues, que haya que pensar en un pecado original, sino en un desarrollo poco original, nada creativo, de la relación entre hechos diferenciales y Estado autonómico, que culminó con la burla que fue la sentencia del TC sobre el Estatut. También creo que hay que buscar las razones en la ausencia de imaginación y voluntad para establecer un sistema de financiación más justo y una política de infraestructuras más adecuada. Y, en definitiva, me parece, la crisis actúa como gran detonante del proceso, al menos en dos sentidos: A) sirve al discurso que simplifica las contradicciones y crea un enemigo externo al que achacar políticas de ajuste, lo que es una verdad a medias; y B) el independentismo permite ofrecer un horizonte de acción política a decenas de miles de personas, mientras que en el resto de España ese estímulo desaparece, ahogado en buena medida por un arbitrismo populista –de derechas o de izquierdas- o por la desesperanza causada por la política bipartidista y la corrupción.
Es desde estas premisas como podemos preguntarnos sobre el “Derecho a decidir”. Y aquí tengo que reconocer que tengo un sesgo profesional que me dificulta empatizar con algunas opiniones, aunque, espero, mis prejuicios académicos no me cieguen sobre argumentos sólidos. Y es que, quizá, aquí nos encontramos con un problema añadido: carecemos de unos términos adecuados que, a la vez, expresen el nuevo relato de la realidad implícito en la demanda soberanista y que impidan una polisemia que conduce al diálogo de sordos, aunque, claro, esto deja de ser un problema cuando los que pueden dialogar no quieren dialogar, porque han llegado, racionalmente o no, de buena fe o no, a la conclusión de que no cabe el diálogo. Los nacionalistas catalanes no han caído en la trampa de invocar el Derecho a la autodeterminación, figura respetada y respetable en el Derecho Internacional, pero que, saben, no sería de aplicación al caso español/catalán: por más vueltas que le den Catalunya no es una colonia. Otra opción hubiera sido la de emplear el término “secesión”, pero esta palabra está muy cargada semánticamente y el gran ejemplo histórico, el de EE.UU., tiene una connotaciones francamente desagradables. Pero es que, además, en el discurso implícito del soberanismo no se plantea una ruptura del Estado sino un alejamiento definitivo y total de él, lo que parece lo mismo pero no lo es, al menos si se trata de congregar apoyos y, en la propia Catalunya, esos matices pueden ser importantes para cosechar unas decenas de miles de votos decisivos: una cosa es ser independiente y otra llevar a votar a personas que mantienen vínculos afectivos muy intensos con España y no quieren que su ausencia les cause demasiados quebrantos. Así ha sido reconocido por la propia Generalitat cuando ha aludido, en documentos oficiales, al proceso soberanista como una realidad que pretende estrechar lazos “en libertad” con España, partiendo de la base que los catalanes no son antiespañolistas, lo que, seguramente, es cierto, al menos predicado de una mayoría.
Derecho a decidir, pues. Pero la elegancia formal del concepto ha tenido tanto éxito que puede acabar por desvirtuar su contenido. Derecho a decidir, también, de las mujeres respecto a su maternidad, se ha inscrito inmediatamente, con toda justicia en este caso, en el friso de las actuales reivindicaciones. Derecho a decidir de los vecinos de un barrio frente a una decisión urbanística. Derecho a decidir, tal es la expansividad de este Derecho, sobre cualquier cosa que, a la vez, A) suponga la activación de un sujeto que se constituye, precisamente, en el ejercicio de tal Derecho y B) el uso del mismo como desafío a una autoridad a la que se reconoce legitimidad pero de la que se discrepa en una o en una serie de decisiones. La pregunta inmediata es: ¿cuál es el límite de ese Derecho? La respuesta se complica porque no está en la Constitución y ni siquiera lo podemos deducir analógicamente de los Derechos constitucionales realmente existentes. Sería, parece, un Derecho sin derecho, ajurídico y fundado en una base ética. Eso está muy bien, pero la experiencia nos indica que hay algunos peligros en esas construcciones y, el principal, es que los límites no se pueden objetivar, sino que sólo pueden ponerse por los que enuncian y se refugian en el mismo Derecho, que, lógicamente, estarán poco interesados en limitarlo. (Obsérvese que en otras invocaciones al Derecho a decidir, actualmente en circulación, sí que hay principios constitucionales que pueden usarse: la dignidad de la persona como fundamento del orden social del artículo 10.1, o la igualdad material propugnada en el artículo 9.2… otra cosa es que tengan menos resonancia en el marketing político).
Sin duda la unicidad de la soberanía atribuida al pueblo español será siempre un argumento sólido para los que no aceptan ninguna posibilidad de proceso independentista, ya que, se mire como se mire, éste supone una vulneración de la Constitución. Y una vulneración política encabezada, tal y como están las cosas, por un órgano del Estado constitucional, la Generalitat catalana, algo distinto de las violaciones constitucionales cotidianas a cargo de poderes fácticos de todo tipo. Puestas así las cosas la cuestión hay que reconducirla a un descarnado horizonte político: en el Derecho no hay solución. El problema es que parece que en el diálogo político tampoco. Pero insistir en ese diálogo es lo único sensato, con dos salidas posibles:
- La aceptación común de una tercera vía (con)federal, que exigiría una reforma constitucional, antes de la celebración de una votación refrendataria.
- Un pacto para la celebración del referéndum que incluya las preguntas, más bien extrañas, en conjunto, planteada por la mayoría parlamentaria catalana.
Personalmente me muestro favorable a la primera, pero soy poco optimista, ya que las dos partes en conflicto no la desean, mientras que la segunda es el resultado del deseo de una de las partes. Puestos en esta tesitura sólo cabe tratar de evitar que el conflicto adquiera tintes dramáticos con, por ejemplo, brotes de violencia más o menos explícita o gestos de crispación extrema como desobediencia civil generalizada, boicots, etc. Sin embargo soy consciente de que toda apelación a la cordura ya es casi inútil, y no porque crea que son irracionales los actores, sino porque ambos actores principales –emblematizados en los partidos mayoritarios de Catalunya y España- tienen suficientes recursos de racionalidad: si unos usan la democracia constitucionalizada, otros arguyen la esencia misma de una democracia descarnada. Los dos tienen razón. O parte de razón.
La cuestión se sitúa, políticamente, en la gestión del tiempo. Si los soberanistas son capaces de mantener su proyecto en sucesivos momentos electorales pueden acabar ganando. Si los dirigentes españoles son capaces de soportar la presión sin, a la vez, alentar nuevos soberanistas con sus desplantes e insultos, pueden acabar por desanimar a parte del electorado catalán. Me parece que lo están haciendo notablemente mejor los soberanistas catalanes: el nacionalismo catalán es más dúctil, más moderno que el españolista.
Llegado el caso, la celebración de un referéndum sería insoslayable. Me parece que la petición de delegación de la convocatoria de referéndum consultivo formulada por la Generalitat morirá parlamentariamente sin efecto alguno. Pero no deja de ser curioso el mecanismo, ya que había una vía más sencilla: solicitar la convocatoria de ese referéndum directamente por el Gobierno con la autorización del Congreso, ya que la Constitución establece ese modelo de referéndum sin ordenar taxativamente que deba servir para la totalidad del territorio español, es verdad que el artículo 92.1 de la Constitución dice que serán consultados “todos los ciudadanos”, pero cabe una interpretación flexible que acepte que la consulta es a “todos” los de un territorio determinado. Y tanto más cuando ese territorio no está arbitrariamente delimitado sino que es el de una Comunidad Autónoma con personalidad propia y, además, de las que se interpreta como “nacionalidades históricas”, a la luz de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda. Si no se ha intentado seguir ese procedimiento es, supongo, porque la Generalitat desea ser la promotora directa de la consulta, pero no debería ser un obstáculo definitivo, llegado el caso, permitir que fuera el Gobierno del Estado el organizador. Aunque las posibilidades de que, hoy por hoy, eso suceda, son escasas.
El prestigioso constitucionalista Rubio Llorente ha planteado la fórmula del doble referéndum: uno catalán y otro posterior, si el primero hubiera ofrecido una mayoría clara, de todos los ciudadanos españoles que, tomando nota de la voluntad real catalana, se pronunciaran por favorecer una reforma constitucional en la que se pactara la independencia o algún tipo de fórmula mixta que ahora es difícil de prever. Ciertamente me parece lo más sensato, aunque hay que reconocer que este procedimiento llevaría años. Pactar la totalidad del proceso sería necesario, pero muy complicado. Y siempre queda la peor de las posibilidades: que el segundo referéndum desautorizara al primero, o, incluso, que superados los dos referéndums encallara la difícil reforma constitucional, que debería seguir el procedimiento “agravado”.
En todo caso no está de más reconocer y advertir a la ciudadanía de esta complejidad, no siendo lícito la simplificación del asunto o la pintura de la situación en términos de buenos y malos. La descripción de los catalanes como traidores es una peligrosa estupidez que, por ejemplo, se contradice con aquello que tantas veces se dijo a propósito de ETA: “en ausencia de violencia se puede hablar de todo y ninguna puesta está cerrada”. Pero tampoco puede invocarse la superioridad moral genérica de un Derecho a decidir cuando hay más que sobradas sospechas de que, en caso de derrota de las tesis independentistas, los nacionalistas soberanistas comenzarían, el día después, a planificar la siguiente consulta. Sea como sea o hay un cambio inesperado en las alternativas o esa consulta, cuyos resultados deberían ser acatados por todos, es la única salida posible. No tanto por un principio democrático difícil de establecer en sus perfiles como porque es la única salida razonable. Y mejor confiar en los dictados de la razón que en los impulsos de los principios.