Vivienda: ¿derecho o negocio?

La vivienda constituye el problema que más preocupa en España, especialmente entre las personas más jóvenes. Comprar o alquilar un espacio en el que habitar es un lujo al alcance de una minoría. Por ello, sorprende tanto que haya sido necesario esperar hasta mayo de 2023 para que una ley aprobada en el Congreso, con el apoyo de las fuerzas de la izquierda progresista, reconozca, 45 años después de ser promulgado el artículo 47 de la Constitución, que el derecho a la vivienda es un derecho de ciudadanía. Esta declaración, ratificada ahora por el Tribunal Constitucional, la incluyó hace más de quince años Izquierda Unida-Ezker Batua en el Proyecto de Ley de Vivienda de Euskadi, cuando esta formación fue responsable del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Ejecutivo vasco.

Llama la atención no sólo el larguísimo periodo de tiempo transcurrido sino, muy particularmente, que la propia existencia de este derecho a la vivienda siga siendo todavía a día hoy objeto de debate en la esfera pública y en los tribunales.

Así hemos llegado al punto crítico actual. Las Administraciones públicas, “competentes” en vivienda, nunca han mostrado sensibilidad suficiente ante la urgencia de abordar un déficit democrático de esta naturaleza. Hasta ahora, ha dado igual que gobierne el PSOE, el PP, JUNTS o el PNV. Su concepción ha estado sometida a los dictados del llamado capitalismo del ladrillo. La especulación ha sido su hoja de ruta. Es decir, el derecho a la vivienda lo circunscriben sólo a la obligación de que se aprueben planes testimoniales para “hacer algo” en materia de vivienda con el fin de ayudar a las personas con menos recursos a su incorporación al mercado inmobiliario. La “vivienda de protección oficial”, entendida como vivienda subvencionada para su posterior incorporación al mercado libre, es heredera de esta estrategia.

Es muy acertada la expresión de que en España no se ha hecho política de vivienda sino política inmobiliaria. Porque lo importante para el Estado, en último término, es garantizar que el mercado inmobiliario funcione.

El “rescate bancario” es un buen ejemplo de ello: el fin último no fue proteger a las personas desahuciadas, que fueron objeto de desahucio sistemático de sus viviendas, sino proteger y preservar el negocio de las entidades financieras con dinero público. Y, más grave aún, ni siquiera se han planteado reconducir ese dinero público para poder generar con ello un parque público de vivienda en alquiler asequible. Al contrario, han reincorporado nuevamente los fallidos hipotecarios en el mercado inmobiliario con importantes rebajas, lo que ha facilitado la llegada de “fondos buitre”, que han comprado inmuebles a precio de saldo para poder especular y enriquecerse con ellos. La venta a estos fondos de inversión, con el visto bueno de las Administraciones públicas, del escaso parque público de vivienda de la Comunidad de Madrid, anulada posteriormente por los Tribunales, constituye el exponente máximo de este despropósito.

Tampoco hace falta remontarse muy lejos en el tiempo para recordar la célebre frase del anterior ministro de vivienda socialista, cuando dijo que la vivienda es efectivamente un derecho de la ciudadanía pero que hay que ser muy cautos porque también es un bien de mercado. Lo que realmente esconde esta frase es que el derecho a la vivienda va a tener como límite el funcionamiento del mercado y, en último término, la garantía de la integridad de la propiedad privada como fundamento del mismo.

El derecho a la vivienda es un derecho subjetivo de la ciudadanía, por lo que no tiene sentido desasimilar este de otros derechos, propios del estado de bienestar, como la sanidad o la educación.

El servicio público sanitario y educativo son prestados por las administraciones públicas mediante una red de titularidad pública de centros sanitarios y educativos ¿Por qué no concebir entonces también la vivienda como un auténtico servicio público a prestar por las administraciones – también autonómicas, por cierto – a través de un parque público de vivienda? ¿Por qué no sacar una parte del mercado de la vivienda de la lógica del mercado inmobiliario a través de una inversión pública sostenida en el tiempo?

Así lo defendió Izquierda Unida-Ezker Batua en el Gobierno Vasco en el período

2001-2009. Abrimos entonces un debate clave, que terminará por imponerse, pese a la presión de constructoras y promotoras, amparadas por el poder político.

Uno de los modelos en los que nos inspiramos fue Viena. En esta ciudad han venido realizando una inversión pública sostenida en el tiempo, desde hace ya más de cien años, al punto que han conseguido que el 40% de la vivienda de la ciudad sea hoy de titularidad pública; otro 40% es vivienda “concertada” y a precios asequibles bien con entidades privadas sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado por sus estatutos sociales. Por el contrario, otras ciudades europeas de tradición socialdemócrata, como Ámsterdam, descartaron seguir este camino y vendieron parte de su parque público de vivienda.

Así se explica que la capital austriaca resista, y se mantenga inmune, ante los abusos y desmanes del mercado inmobiliario, mientras que las grandes ciudades europeas están sufriendo muy importantes tensiones de precios en el mercado del alquiler de vivienda, que aboca a la expulsión a las capas sociales menos pudientes, en especial, jóvenes y trabajadores. La imposibilidad de poder disponer de una vivienda digna está generando un importante malestar ciudadano que, en última instancia, ha terminado siendo el caldo de cultivo propicio para posibilitar la proliferación de los partidos de ultraderecha. La socialdemocracia está perdiendo esta batalla de la vivienda también a nivel europeo.

En España estamos muy lejos de Viena y, por desgracia, muy cerca de países que expulsan a sus habitantes de las ciudades por no poder pagar ni siquiera el precio medio de una habitación. La precariedad laboral, los bajos salarios y la inflación agravan aún más la situación.

Aunque la idea de la imperiosa y urgente necesidad de replantear y entender ahora la vivienda como un verdadero servicio público va ganando terreno en nuestro país, el panorama es desolador atendiendo a las partidas económicas de los presupuestos de las respectivas administraciones. Creeré las palabras de quienes gobiernan en la actualidad, en las distintas instituciones competentes en materia de vivienda, cuando destinen a este capítulo partidas presupuestarias suficientes para consolidar un parque público adecuado a la demanda existente. Es muy complicado, por no decir imposible, hacer política de vivienda real sin presupuestos.

Pedro Sánchez puede mirar el caso vasco. Hace ya más de veinte años sentamos las bases para poder generar un parque público o concertado de alquiler social y asequible. Nos encontramos entonces con un parque público de no más de 1.000 viviendas y en ocho años lo elevamos a más de 27.000 viviendas en alquiler asequible –casi 17.000 públicas y el resto concertadas-; el 3% del parque total de vivienda de la CAPV.

Modificamos la legislación para prohibir que la vivienda protegida –también la privada– se incorporara al mercado prescribiendo la calificación permanente en su condición de vivienda protegida, que hoy, por fin, se reclama desde el Estado y a la que numerosas Comunidades se oponen. En Euskadi se ha conseguido así que 60.000 viviendas –el 6,3% del parque de viviendas– queden a día de hoy fuera de la lógica del mercado inmobiliario; no son viviendas públicas, pero, al menos, de por vida, sí están bajo la supervisión de lo público y mantienen su condición de asequibilidad.

Es cierto que la ley estatal por el derecho a la vivienda de 2023 no es la solución y, desde luego, se podía haber llegado bastante más lejos; no obstante, sí viene a marcar un cambio de paradigma en la forma de entender el problema de la vivienda, afrontado desde la óptica del derecho de la ciudadanía, que abre posibilidades de actuación a las administraciones. A día de hoy sólo una conjunción de medidas –de inversión pública en la generación de un parque público de vivienda-, combinado con medidas de fomento y también de intervención el mercado, movilizando viviendas desocupadas y limitando los precios de los alquileres, incidiendo, muy en particular, en la responsabilidad de los grandes tenedores de viviendas puede ayudarnos a hacer frente a esta “tormenta perfecta” en la que hemos convertido el acceso a la vivienda. Sólo así lograremos que el derecho subjetivo a un lugar en el que habitar sea una realidad y no una quimera.

El mensaje está claro: hay alternativa; querer es poder; el problema es saber de qué lado se está: o con las élites inmobiliarias o con la ciudadanía.