Perú: a 33 años del golpe, el fujimorismo sigue presente
Pepe Mejía
El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori ejecutó un golpe de estado en Perú. Las instituciones democráticas fueron secuestradas facilitando la privatización de las empresas públicas. La oposición fue duramente reprimida violando los más elementales derechos humanos. La corrupción y el narcotráfico se expandieron en las entrañas de las precarias instituciones.
33 años después, el fujimorismo sigue presente de la mano de Dina Boluarte. Aunque Boluarte no disolvió el Congreso, su gobierno ha sido acusado de adoptar medidas autoritarias y de limitar la democracia.
Hay varios paralelismos entre el autogolpe de Fujimori en 1992 y las acciones de Dina Boluarte en su gobierno.
En cuanto a las violaciones de derechos humanos, en ambos casos, se han denunciado abusos graves por parte de las fuerzas del orden, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y represión violenta de protestas.
Por otro lado, está la estigmatización de opositores. Tanto Fujimori como Boluarte han sido señalados por deslegitimar las protestas y acusar falsamente de “terrorista” a los y las manifestantes.
En cuanto a los estados de emergencia. Fujimori justificó sus acciones bajo el argumento de combatir el “terrorismo”. Boluarte, por su parte, ha impuesto estados de emergencia para controlar las protestas, lo que ha generado críticas por el uso excesivo de la fuerza.
En tiempos de Fujimori se generalizó el soborno a periodistas, empresarios y políticos. Los pagos se grababan en videos que después se convirtieron en pruebas fehacientes. La corrupción se generalizó aprovechando la golosa tarta de la privatización de empresas públicas.
Con Dina Boluarte la corrupción se mantiene. Las coimas se impulsan desde las distintas bancadas de partidos políticos instalados en el Congreso.
Aprueban leyes en favor del crimen organizado
Dina Boluarte, con el apoyo del fujimorismo, ha aprobado la Ley 32108 y la Ley 31990, que, según analistas, debilitaría la persecución penal de casos de corrupción protagonizados por partidos políticos y beneficiaría indirectamente al crimen organizado.
El fujimorismo ha sido señalado en varias ocasiones por posibles vínculos con el crimen organizado en Perú.
Además, investigaciones periodísticas han relacionado al fujimorismo con casos de lavado de dinero y narcotráfico, como el caso de Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido.
Algunas figuras del fujimorismo han sido señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Óscar Medelius, excongresista fujimorista, fue abogado de Gerson Aldair Gálvez Calle, alias "Caracol", líder de la banda criminal "Barrio King".
El pasado 10 de febrero, en el distrito limeño de Carabayllo, Medelius -que planificó y organizó la masiva falsificación de firmas que permitió la reelección de Fujimori en el año 2000 y cobró 70 mil dólares mensuales del asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos- recibió 20 balazos.
El experto en terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, Jaime Antezana Rivera, señaló que la presencia de Medelius en Carabayllo no era fortuita. Según explicó, este distrito podría estar relacionado con el accionar de un grupo conocido como “Los injertos del norte”, liderado por un individuo apodado “El Monstruo”. Antezana sugirió que las disputas por terrenos y el tráfico de tierras podrían estar detrás del asesinato, aunque no se descartan otros posibles móviles.
En los últimos años el ex congresista del fujimorismo se interesó en los negocios de la construcción y minería.
Otro caso es el de Luis Calle Quirós. Este empresario, que aportó a la campaña de Keiko Fujimori en 2011, fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como líder de una organización dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Pero el caso más sonado ha sido el protagonizado por Kenji Fujimori, hijo de Alberto Fujimori, hermano de Keiko, lideresa del partido fujimorista Fuerza Popular. En 2013 se encontraron más de 100 kilos de cocaína en los almacenes de la empresa Limasa, de la cual Kenji Fujimori era accionista aunque había renunciado a la empresa en 2011.
Las relaciones del fujimorismo con VOX
Por último. Las relaciones con la ultraderecha internacional. El acercamiento de Alberto Fujimori y Dina Boluarte a sectores de la ultraderecha internacional tiene matices distintos, pero ambos han sido señalados por adoptar posturas conservadoras en ciertos aspectos.
El fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, ha establecido vínculos con el partido ultraderechista Vox de Santiago Abascal. Estas conexiones se han fortalecido a través de reuniones y colaboraciones como las organizadas por la Fundación Disenso, el think tank de Vox.
Keiko Fujimori, líder del fujimorismo, ha sido la figura más destacada en establecer relaciones con militantes de Vox. En septiembre de 2021 se reunió en Lima con líderes de Vox, donde discutieron temas como la lucha “contra el comunismo y la defensa de la democracia”.
Por otro lado, el poder judicial en Perú ha sido señalado en ocasiones por decisiones que parecen favorecer al fujimorismo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional anuló el juicio por el caso "Cócteles" (cenas organizadas para recibir aportes irregulares de diversas empresas), beneficiando a Keiko Fujimori y otros miembros de Fuerza Popular.
En Perú, se han documentado casos de corrupción dentro del sistema judicial que han beneficiado indirectamente a organizaciones criminales. Esto incluye jueces o fiscales que han sido cooptados por redes delictivas, ya sea mediante sobornos o intimidación, lo que debilita la capacidad del sistema para actuar con independencia y eficacia.
En su alianza con el fujimorismo, el régimen de Dina Boluarte deja hacer o facilita la impunidad. Todo esto en un país que, con datos de 2023, tiene 1 millón 922 mil personas en condiciones de extrema pobreza.
Un 31,4% de la población peruana se encuentra en riesgo de caer en situación de pobreza.
La práctica fujimorista de Dina Boluarte muestra una aprobación de alrededor del 3%, una cifra que representa un registro negativo en su mandato, según encuestas como las de Datum publicadas en diciembre de 2024.
La corrupción, el aumento de las desigualdades y el aumento de la actividad del crimen organizado han puesto a Dina Boluarte, aliada del fujimorismo, en la picota. La desaprobación alcanza niveles muy altos, superando el 90% a nivel nacional.