La Conferencia sobre el futuro de Europa: entre la ambición y la nada

La Conferencia sobre el futuro de Europa comenzó formalmente su andadura el día 9 de mayo de 2021. En general el tono y expectativas de la Conferencia, si nos atenemos a lo expresado por los portavoces de las instituciones europeas, buscaría varios objetivos simultáneos: un ejercicio abierto y sin condicionantes iniciales de escucha de la diversidad de opiniones de la ciudadanía europea; un práctica deliberativa con el propósito de recoger opiniones y propuestas de esta ciudadanía; un empeño por que la propia práctica de debate y discusión contribuya a hacer avanzar un espacio público europeo y un método de articulación del debate de abajo-arriba cuya intención es salir al encuentro de la desconfianza y el malestar ciudadano respecto a la política en general y a la política europea en particular.

No obstante, los enunciados y expectativas están muy lejos de haberse correspondido con una Conferencia que pueda dar respuesta a esas expectativas.

Las diferencias apreciables entre las diferentes instituciones muestran que Parlamento, Consejo y Comisión no esperan lo mismo de la Conferencia. Para el Consejo y, en parte también para la Comisión, el debate público es instrumental y condicionado: debe servir para legitimar lo existente, ceñirse a las perspectivas estratégicas ya diseñadas por las instituciones y, por último, sus propuestas de reforma deben adecuarse a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y no puede afectar a los Tratados. El Parlamento ofrecía una ambición más ajustada con las necesidades de reforma, proponiendo un modelo de abajo-arriba, inclusivo y donde no se ponían condicionantes a las propuestas de reforma.

El modo en el que se ha organizado finalmente la Conferencia está más cerca de las expectativas del Consejo y Comisión que de las propuestas por el Parlamento. Y aunque los procesos deliberativos son procesos abiertos, en el sentido de que se sabe cómo empiezan pero no es posible determinar su final, no parece que haya condiciones para que el desarrollo de la Conferencia lleve hasta sus límites las posibilidades contempladas en la Declaración conjunta de las tres instituciones.

Finalmente, parece que estaremos, en el mejor de los casos, ante un ejercicio de opinión respecto al que las instituciones europeas –particularmente el Consejo- asumen un compromiso ligero y poco concreto. Y lo cierto es que reducida a un ejercicio de opinión la Conferencia resulta un acontecimiento más bien reiterativo e innecesario. La opinión de la ciudadanía europea respecto al proceso de integración en general y respecto a políticas más específicas es suficientemente conocida a través del Eurobarómetro, en primer lugar y de muchas otras experiencias de participación (limitada) de la sociedad civil europea en diferentes temas. El problema no es tanto no saber lo que la ciudadanía piensa, como la voluntad política para llevar a cabo esas demandas y una hoja de ruta para hacerlas posible.

Sin embargo, la Conferencia se realiza en un momento idóneo para repensar el futuro de la UE y los imprescindibles cambios de envergadura que esta debe acometer si quiere, realmente, ser un proyecto al servicio de las mayorías. La década de crisis que comenzó con el colapso financiero y que sigue activa con los coletazos (no sabemos si serán los últimos) del Coronavirus no tiene parangón en la historia del proceso de integración y debe ser evaluada como un hecho excepcional con importantes implicaciones en todos los órdenes.

Las consecuencias de la policrisis han afectado a las instituciones, a su relación, a la legitimidad de la acción de la UE como sistema político y a las principales políticas de la Unión, pero también a sus valores y principios.

La gobernanza política y económica de este turbulento período ha puesto de manifiesto la disfuncionalidad de esta estructura institucional en términos de eficacia, capacidad de gestión de situaciones inesperadas e ilegibilidad del proceso para la mayoría de la ciudadanía. Al mismo tiempo ha sido este un período de creciente politización respecto al proceso de integración. La mayor visibilidad de la UE en el contexto, por ejemplo, de la gestión de la crisis de 2008, ha suscitado enorme preocupación por sus déficits democráticos y de legitimidad pero también por la orientación neoliberal de sus principales políticas y por la presión sobre los estados del bienestar para reducir sus prestaciones y servicios. La ciudadanía ha visto, además, crecer de manera inexplicable las desigualdades sociales y el deterioro de regiones y ciudades que han hecho crecer la sensación de abandono y, en relación con la UE, de vivir un proceso de integración cuyos beneficios alcanzan solo a una minoría.

Las políticas y la retórica de la austeridad se compadecen mal con una realidad de deterioro de los estados del bienestar, de creciente desigualdad al interior de las sociedades, pero también de creciente diferenciación en el plano económico entre países.

Por otra parte, la crisis del Coronavirus ha hecho estallar los corsés de las políticas de austeridad y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ha puesto de manifiesto, además, la insuficiencia de un Presupuesto comunitario que apenas alcanza el 1% del PIB de la región. Y está obligando a repensar la relación entre lo estatal y lo supranacional, ante la evidencia de que sin la UE la situación provocada por la pandemia habría sido aún peor, pero sin los estados la gestión de la crisis sanitaria y social hubiera sido imposible.

Pese a constatar que la resiliencia de la UE ha sido mayor de lo, probablemente, esperada, los daños causados al edificio plantean la necesidad de una importante reforma estructural. Parece claro que los interrogantes abiertos por este período inacabable de crisis precisan de respuesta globales y de reformas que afectan al conjunto del edificio. El consenso básico cada vez más extendido es que no es posible seguir como hasta ahora y, por tanto, es necesario acometer reformas en profundidad, habida cuenta, además, de que la lógica de las pequeñas reformas y la búsqueda de soluciones “in extremis” no sirve en estos momentos.

Vivimos eso que se ha denominado “momento maquiaveliano” una situación histórica en la que el sistema político no puede seguir operando de la misma manera y precisa de cambios mayores. En este sentido, la situación, no sólo y no tanto la Conferencia en sí misma, son una oportunidad para la izquierda alternativa.

El pasado Libro Blanco sobre el futuro de Europa propuesto en 2017 por la Comisión Europea mostró el agotamiento del modelo de debate y reforma privilegiado por las elites políticas y económicas europeas y nacionales en relación con la UE: negociaciones intergubernamentales, pactos fuera del alcance y seguimiento de la ciudadanía, menosprecio de los parlamentos nacionales, etc. La lógica elitista y despolitizada que ha sido dominante en el proceso de construcción europea se ha convertido, a estas alturas, en un problema para el proceso de integración mismo.

En esta coyuntura la idea de una Conferencia ciudadana organizada de arriba-abajo y con voluntad real de facilitar la participación de las poblaciones de los países europeos, además de una actitud activa de escucha por parte de las instituciones, sonaba como una propuesta prometedora.

Podría haberse pensado, inicialmente, que la Conferencia diera lugar a un “hecho político” novedoso y fuera este la movilización masiva de la ciudadanía a favor de una estrategia de reforma de la Unión. Pero creemos que no se dan las condiciones para esa movilización y los primeros meses de desarrollo de la Conferencia demuestran que ésta está muy lejos de cumplir con sus expectativas. De una parte, los asuntos europeos siguen viéndose como complejos y alejados por buena parte de la ciudadanía y, consecuentemente, suscitan poco entusiasmo e interés. Por otra parte, no se ha creado ese espacio europeo que singularice el debate sobre los asuntos de la Unión. Los debates políticos siguen anclados en los espacios nacionales tanto en términos discursivos cómo simbólicos, de modo que la “agenda UE” se inserta en los conflictos nacionales subordinada a los debates propios y específicos de las agendas nacionales.

Llegados a este punto podría parecer que lo más razonable es dar ya por muerta la Conferencia. Pero parece más productivo un enfoque que articule el “momento maquiaveliano” al que antes hacíamos referencia con las oportunidades que la Conferencia ofrece de visibilización.

Hay opciones para que la izquierda transformadora utilice este espacio para debatir sus propias posiciones en relación con este momento, para que utilice este recurso como una oportunidad para hacer propuestas audaces de cambio y reforma del proceso de integración. Pensando en el momento más que en la Conferencia en sí misma, la izquierda alternativa podría colocar la idea de una Convención Constituyente, después de la Conferencia e incluir propuestas y reflexiones que desborden los estrechos marcos en los que Consejo y Comisión quieren mantener la Conferencia.

Notas:

*Artículo elaborado en el marco del seminario “Una Gobernanza Democrática en la Unión Europea para la Era Post COVID-19”. Subvención para la celebración de acciones de comunicación y actividades divulgativas, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias para el año 2021 de la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

**Pedro Chaves, Investigador IELAT y colaborador del Instituto 25M