Conversamos con Pedro Arrojo, Relator de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas designó al profesor Pedro Arrojo como nuevo Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento.

Pedro Arrojo es doctor en Ciencias Físicas y profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, y tiene una larga trayectoria vinculada al agua y al medio ambiente. Emprendió la creación de la Fundación Nueva Cultura del Agua, ha promovido muchas de las movilizaciones contra el trasvase del Ebro y ha sido el primer español en recibir el Premio Goldman de Medioambiente en la categoría Europa.

El nombramiento ha sido recibido con enorme satisfacción por parte de los movimientos sociales y organizaciones defensoras del derecho al gua, que impulsaron y apoyaron su candidatura.

En Espacio Público tenemos hoy el placer de conversar con él.

¿Cómo ha sido el proceso de selección para ser Relator?

En la medida que acaba el doble periodo del mandato de Leo Heller, como Relator de NNUU para los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, el Consejo de Derechos Humanos abrió una convocatoria a la que nos presentamos a principios de verano unos veinte candidatos y candidatas de todo el mundo. En su momento, acepté la propuesta que me hicieron los movimientos sociales y sindicatos que se coordinan en la RAP (Red Agua Pública) y presenté mi candidatura, a título personal, aunque recibí apoyos sumamente significativos y potentes como los de la Coordinadora de ONG, la EPSU (la Federación Europea de Servicios Públicos, con 8 millones de trabajadores), la FSI (la Internacional de Servicios Públicos, con 20 millones trabajadores de 700 sindicatos a nivel mundial), Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la Fundación Cultura de Paz y Director General de UNESCO durante 12 años) y Maude Barlow (dirigente del Consejo de Canadienses y asesora para temas de agua del Secretario General de NNUU), entre otros.

La selección, por fases a lo largo de dos meses, fue dirigida por un Comité de diplomáticos del Consejo de Derechos Humanos de NNUU formado por los representantes de China, Eslovenia, España, Chad y México (el representante español, no obstante, no pudo votar, tal y como establecen las reglas vigentes, para no favorecer a candidatos del propio país). Tras aceptar dieciocho candidaturas, hicieron una primera selección de cinco: una sudafricana, una francesa, un alemán y dos españoles, a los que nos entrevistaron durante una hora, por video-conferencia en inglés. Sobre la base de los méritos y avales presentados y la citada entrevista, el comité de selección propuso a la Presidenta del Consejo una terna con orden priorizado, que tuve el honor de encabezar. Finalmente, la Presidenta presentó mi nombre ante el Pleno del Consejo que votó mi nombramiento.

¿La relatoría implica un alto salario?

El salario es de cero euros, no hay remuneración. Simplemente seguiré recibiendo mi salario como Profesor Emérito de la Universidad de Zaragoza. Dispondré, eso sí, de los medios pertinentes para los viajes y estancias que comporte mi trabajo como Relator de NNUU en el mundo, así como del apoyo de un pequeño equipo en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

¿Qué líneas de trabajo y qué acciones tienes pensado acometer en tu mandato como Relator?

Lo único que puedo adelantar es lo esencial de la respuesta que di a la Comisión que evaluó las diversas candidaturas, cuando me preguntaron por cuales serían los principales objetivos de mi mandato si fuera elegido. Destacaría entre ellos:

• Clarificar y afrontar los riesgos para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento derivados del cambio climático en curso y de pandemias como la que sufrimos hoy con la COVID 19.

• Desarrollar un informe sobre estos derechos en comunidades indígenas.

• Afrontar los riesgos e impactos sobre el derecho humano al agua potable derivados de la contaminación tóxica y de la quiebra de la sostenibilidad ambiental de nuestros ríos, lagos humedales y acuíferos.

• Hacer efectiva la participación de las mujeres en proyectos de agua y saneamiento, en coherencia con la visión de género que promueve ONU Mujeres, especialmente en comunidades vulnerables del medio rural.

• Avanzar en la defensa efectiva de la seguridad de las defensoras y defensores del agua, del medioambiente y de los derechos humanos en el mundo.

• Prevenir, desde la participación ciudadana y la transparencia, los riesgos para estos derechos humanos derivados de hacer del agua un negocio.

• Trabajar por fortalecer el enfoque de Derechos Humanos en UN Water.

En todo caso, mi intención es trabajar objetivos, estrategias e iniciativas con los movimientos sociales, defensores de los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, así como con Catarina de Albuquerque y Leo Heller que me han precedido en el cargo y con los que he colaborado desde hace más de una década.

Recientemente tu predecesor, Leo Heller, ha presentado un informe demoledor sobre los efectos de la privatización en el agua. ¿Qué opinas de este informe y qué crees que se debe de hacer con él?

Leo Heller ha hecho un trabajo excelente a lo largo de todo su mandato y ha dejado el listón muy alto. El último informe está en esta línea. Se trata de un informe substantivo, riguroso y claro que desarrolla el principio básico de prioridad en el que se basan todos los derechos humanos, que deben garantizarse por encima de las lógicas de mercado y de los intereses particulares, por legítimos que éstos pudieran ser.

Como todos los informes temáticos de los relatores de Derechos Humanos, la proyección práctica de este informe será limitada, en la medida que NNUU no tiene en sus manos los medios que debería tener para asegurar una proyección efectiva y práctica de sus resoluciones o recomendaciones. Son los Gobiernos los que disponen de esas capacidades. Sin embargo esos informes tienen una gran visibilidad y proyectan una poderosa legitimidad ética, social y política.

Ciertamente el informe de Leo Heller refuerza con argumentos sólidos y evidencias prácticas en todo el mundo la coherencia de los movimientos sociales que han venido defendiendo desde hace mucho el reconocimiento efectivo de estos derechos humanos frente a las presiones privatizadoras. En esa línea, lo que debe hacerse es difundir el informe en la sociedad, y muy particularmente entre nuestros representantes políticos, desde el nivel municipal al del parlamento estatal, pasando por parlamentos autonómicos y diputaciones provinciales.

En España, como en la mayoría de países, el derecho humano al agua no está reconocido por ley. ¿Crees que esto debería ser una prioridad política?

Ciertamente es muy importante. Recogimos hace unos años casi dos millones de firmas en la Iniciativa Ciudadana Europea Right2Water, para que la Unión Europea reconociera estos derechos humanos en su legislación. Pero mientras eso se sigue trabajando en Bruselas, sería oportuno y democráticamente saludable reconocer esos derechos en la legislación española. Son cada vez más los países que han ido reconociendo estos derechos en su Constitución y, si algún día nos atrevemos a mejorar la nuestra, sería bueno incorporar esta demanda, que al fin y al cabo, por encima de ideología, viene de Naciones Unidas.

En todo caso, hacer efectivo el reconocimiento de estos derechos humanos no debe esperar a que las leyes en sus diversos niveles lo asuman; cualquier Ayuntamiento, aún en los municipios más pequeños, tiene en sus manos garantizar de forma efectiva esos derechos humanos para todos sus vecinos y vecinas, en la medida que los servicios de agua y saneamiento son una competencia local, según la Constitución vigente.

En la pandemia se ha evidenciado que en España no existen datos oficiales sobre el agua urbana. ¿Crees que esto ha sido y es un problema para gestionar el COVID19?

Ciertamente que no existan datos públicos fiables de forma general es un problema, pero sobre todo es un problema que se pueda cortar el agua a familias que tienen dificultades de pago por vulnerabilidad socio-económica, en la medida que el agua doméstica es la principal vacuna disponible, junto al jabón, frente a la pandemia.

Por otro lado, o no se miden o no se publican los datos de nivel de contagio que se reflejan, de manera fiel (adelantándose incluso en el tiempo), en el análisis de los retornos urbanos. Pero la incidencia de no garantizar el agua potable y el saneamiento como un derecho humano para todo el mundo, aún para quienes tienen dificultades de pago, será mucho más grave cuando la pandemia que nos afecte se contagie por vía digestiva en lugar de por vía respiratoria, como ocurre hoy con la COVID19. Entonces quedará más evidente aún la necesidad de gestionar estos servicios desde la lógica del interés general, al igual que hoy apreciamos y entendemos mejor, gracias a la pandemia, la necesidad de disponer de un poderoso sistema de salud pública.

También la crisis del COVID-19 nos mostró que existían importantes asentamientos de temporeros agrícolas que no tienen agua y que potencialmente no pueden cubrir sus necesidades higiénicas. ¿No crees que eso debería de ser una prioridad política?

Resulta evidente; por aplicación efectiva de los Derechos Humanos que todos decimos defender y que los Gobiernos tienen la estricta obligación de garantizar, sino incluso por la cuenta que nos trae a todos y todas. Obviamente las víctimas en primera línea son esos temporeros y otros sectores vulnerables, pero en última instancia las consecuencias de una pandemia como ésta se acaban extendiendo y afectado a toda la sociedad. El virus en este sentido nos está haciendo sentir nuestra inexorable vulnerabilidad, tanto individual como colectiva, al tiempo que nos ofrece la lección de que sólo desde la solidaridad se le puede combatir eficazmente.

Las ONG y ecologistas han denunciado que el último decreto del gobierno ha sucumbido a la presiones de las multinacionales del agua y de su patronal y como consecuencia en el último decreto de medidas sociales se han caído la garantía de suministros básicos (agua y luz). ¿Detrás de todo esto está la oscura sombra de los lobbys presionando a los gobiernos?

Parece evidente que quienes hacen de la gestión de estos servicios un puro negocio tendrán interés en cobrar a todo el mundo, sea cual sea su situación económica. Pero con ello no sólo me refiero al lobby de empresas privadas en este sector, sino a quienes desde la función pública siguen sin entender que estos servicios deben gestionarse desde la lógica del interés general, bajo la prioridad de garantizar los derechos humanos en juego, por encima de intereses económicos o beneficios empresariales.

Me consta en efecto que esas presiones se han producido, y no me sorprende; pero me choca que desde este Gobierno, que está demostrando una notable sensibilidad social en tiempos tan difíciles como los que vivimos, no se esté reaccionando como sería de esperar, protegiendo los derechos humanos de los más vulnerables en este campo. Yo espero que esto se corrija sin demora.