Regularización: en manos de trileros
Pepe Mejía
Desde la primera regularización de inmigrantes que hizo el gobierno de Felipe González en 1986 las y los inmigrantes han estado en manos de iglesias, ONGs, fundaciones, partidos políticos y sindicatos entre otros. Las personas migrantes –sin medios y en precariedad laboral y económica permanente- han tenido que luchar por su autonomía y su interlocución directa con las administraciones y los poderes públicos.
En 1986 Cáritas y los sindicatos CCOO y UGT vehiculizaron las demandas de la población migrante. El informe “Inmigrantes extranjeros en España de 1985” fue fundamental para que el Gobierno empezara a mover ficha.
En sus inicios, la población migrante se agrupó por nacionalidades o territorios. Latinoamericanxs por un lado y marroquíes por otro, pero entre ambas se forjó una sólida alianza con el objetivo de la autonomía.
La llegada de muchxs exiliadxs políticxs desde América latina aportó experiencia en levantar estructuras organizativas autogestionadas y autofinanciadas en la perspectiva de crear movimiento popular y social.
La dureza de la ley de 1985 (que permitía expulsiones casi inmediatas) hizo que el colectivo migrante organizara un incipiente movimiento de resistencia. El “papeles para todxs” se transformó en “derechos para todxs” convirtiendo el barrio de Lavapiés en foco de resistencia. La presión en las calles logró la regularización de 1986 más allá del tema administrativo.
Muchas de las que se regularizaron en 1986 volvieron a la irregularidad porque se enfrentaron a la imposibilidad de renovar los permisos.
En 1991 surgieron asociaciones de inmigrantes con autonomía plena y relación directa con las instituciones. Este fue el caso de Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME) y organizaciones de peruanxs, filipinxs y dominicanxs.
En 2001 –con el gobierno de Aznar- el movimiento dio un salto cualitativo. Ante la dureza de las leyes de extranjería y el conchabeo de partidos políticos y sindicatos realizamos encierros masivos en iglesias, la más significativa la de Santa María del Pi en Barcelona, huelgas de hambre por todo el estado español y surgieron plataformas ciudadanas de “papeles para todos” donde había gente racializada y no, integradas por compas de movimientos sociales y vecinales juntos con gente migra.
En Madrid, uno de los centros de acogida y donde nos encerramos fue en la parroquia de San Ambrosio en Vallecas. Los y las ecuatorianas se sumaron a los encierros en Madrid después de los sucesos de Lorca en Murcia. El 3 de enero de 2001 una furgoneta en la que viajaba un grupo de ecuatorianos que iban a trabajar al campo murciano fue arrollada por un tren. En el accidente fallecieron 12 de las 14 personas que viajaban hacinadas en el vehículo.
Posteriormente lxs encerradas en Vallecas nos trasladamos a la facultad de CCII de la Complutense con el apoyo activo de estudiantes universitarixs que en más de cien se encerraron junto a nosotrxs. Ya en esos tiempos hubo ataques racistas con pintadas en la parroquia de Vallecas.
En estas circunstancias surgió la Plataforma Papeles para Tod@s. Esta plataforma sirvió como paraguas para coordinar la "Marcha a Madrid" de marzo de 2001, que atrajo a inmigrantes de Alicante, Valencia y Barcelona.
En este contexto surgieron las asambleas horizontales donde los propios inmigrantes (sin mediación de ONGs españolas) decidían los pasos a seguir, las portavocías ante la prensa y las condiciones de negociación con el Ministerio del Interior.
En 2005, con Zapatero, el enfoque fue con el empresariado. Los empresarios/as querían sacar el dinero negro que corría entre sus empresas y el sector del trabajo doméstico fue el foco. Otra vez la utilización de las reivindicaciones de la población migrante en favor de los intereses el empresariado y el gran capital.
En definitiva. Históricamente –y por las experiencias de lucha- el colectivo de migrantes ha luchado no sólo para defender su derecho a regularizar su situación sino por el derecho a tener derechos por ciudadanía.
Antecedentes de la ILP. La PNL
El movimiento, junto con colectivos de personas migrantes y organizaciones antirracistas, elaboró e impulsó junto a Obrim Fronteras una Proposición No de Ley (PNL) para la regularización de personas irregulares, presentada en el Congreso de los Diputados en junio de 2020. El objetivo era instar al Gobierno a poner en marcha un proceso de regularización urgente, permanente y sin condiciones, especialmente en el contexto del impacto de la pandemia de COVID‑19.
El impulso de la PNL movilizó a los colectivos migrantes a concentraciones y manifestaciones en todo el territorio español, y también motivó la participación de asociaciones y partidos políticos para respaldarla en el Congreso. La PNL fue una herramienta concreta de incidencia política, con la que RegularizaciónYa y sus aliadas intentaron transformar las demandas del movimiento social en política parlamentaria.
La PNL fue registrada y respaldada por varios grupos parlamentarios, pero fue rechazada por el PSOE y los partidos de derecha en el Congreso. Sin embargo, esta derrota no debilitó el movimiento; al contrario, sirvió para:
Visibilizar políticamente la demanda de regularización más allá de la solidaridad social inmediata.
Crear precedentes de movilización legislativa que luego alimentarían la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
Consolidar a RegularizaciónYa como actor político que se manifiesta en las calles y propone herramientas jurídicas para regularizar.
Hacer visible la demanda de regularización en el Parlamento en un momento clave de pandemia, conectando la movilización social con el debate institucional.
La ILP
Tras la derrota de la PNL, el movimiento continuó visibilizando los problemas estructurales que afectan a la población migrante irregular, como la situación de lxs jornalerxs en Huelva y Almería o los cierres de los Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) en el estado español. Las redes formadas en el movimiento se mantuvieron como redes de apoyo mutuo para mujeres, hombres y niños migrantes, desafiando y tensando el poder del Estado y la violencia estructural. Se consolidaron prácticas de apoyo mutuo, cajas de resistencia y campañas de visibilización.
Posteriormente, el grupo motor de RegularizaciónYa y el partido Mundo Justo trabajaron en la ILP para presentar al Congreso la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización de personas en situación irregular. Para ello se requería la recogida de 500 mil firmas. El movimiento estrechó alianzas y, a pesar de dificultades como la falta de recursos y el racismo social, logró superar los obstáculos con el apoyo de organizaciones blancas (ONGs, plataformas, instituciones, colectivos) en cada territorio, alcanzando finalmente *700 mil firmas*. Durante la campaña se desplegaron diversas estrategias, incluyendo actividades de recogida de firmas y vídeos promocionales con la participación de artistas.
Desde la antropología política, RegularizaciónYa puede entenderse como un movimiento de disputa por la ciudadanía, más que como una simple demanda administrativa o legal. No pide “papeles” únicamente, sino que cuestiona quién tiene derecho a existir políticamente dentro del Estado. La “irregularidad” no se considera una anomalía, sino una categoría producida activamente por el Estado español y el régimen migratorio europeo, que genera poblaciones legalmente vulnerables, funcionales al mercado laboral precario y al control social diferenciado, además de sostener jerarquías raciales y coloniales. RegularizaciónYa denuncia que la irregularidad no es un error del sistema, sino una herramienta de gobierno.
La irregularidad como categoría legal no es casual: se produce para sostener amplios sectores económicos que dependen de mano de obra sin papeles. Los procesos de regularización siempre se presentan como “excepcionales”, incluso cuando la situación es estructural: primero se irregulariza, precariza y explota; luego se regulariza. Cada vez que el debate parlamentario sobre regularización se encalla en el miedo al “efecto llamada”, se evita discutir lo esencial: la irregularidad ya existe porque el propio marco legal la produce. No regularizar no es neutral; es una forma de gobernar a través de la precariedad.
El movimiento habla en nombre propio. No plantea una excepción humanitaria, sino una redefinición del criterio de pertenencia: vivir aquí, trabajar aquí, cuidar aquí. Frente a la lógica administrativa, propone una lógica democrática que somete a voto los derechos que deberían otorgarse.
En el impulso de la ILP en 2021 participaron lxs compañerxs de viaje de otras fases. ONGs y partidos políticos que, con su poder económico y de infraestructuras, ofrecieron impulsar la recogida de firmas por todo el estado español imponiendo sus condiciones. Las organizaciones e individualidades racializadas siguieron exigiendo autonomía. Pero, otra vez constatamos que estamos en manos de trileros.
En manos de trileros
La crítica desde la población migrante es al sistema, al régimen patriarcal y al racismo institucional. El sistema –que prioriza los intereses de las empresas del IBEX35- con sus poderosos instrumentos: partidos, ONGs, sindicatos, etc. negocian en nuestro nombre instrumentos legales sobre derechos de ciudadanía. Los dispositivos legales, impulsado por este sistema opresor e injusto, nos encorseta para exigir nuestros derechos.
Movimiento de migrantes. Situación y perspectivas
Las y los migrantes estamos contentos de que se abra la posibilidad de regularizarnos pero tenemos que ser conscientes –la historia y nuestro recorrido lo confirma. Más de seis regularizaciones y los problemas persisten- que la lucha es larga. No sólo es conseguir papeles sino cuestionar el orden institucional que garantiza irregularidad para seguir explotando y precarizando.
Para esta tarea tenemos que buscar y consolidar alianzas más allá de la racialidad. Seguir presionando en las calles y desconfiar cada vez más de los instrumentos legales de nuestra opresión. Impulsar nuestra autonomía, desarrollar nuestra autorganización, nuestra autofinanciación, impulsar nuestras propias redes de apoyo y que no dependamos de ONGs, partidos, sindicatos que te ofrecen apoyo y después negocian derechos en tu nombre.
