Perú: las elecciones no resolverán los problemas

El Perú afronta unas elecciones con candidatos y candidatas sin representación ni legitimidad y una población desencantada de la política. Ningún país en América Latina ha tenido ocho presidentes en 10 años.

Las elecciones están encorsetadas en un sistema electoral diseñado para favorecer las desigualdades. Un congreso plagado de corruptos y manoseadores del servicio público (que quieren repetir y colocar a familiares y allegadxs) que velan por sus intereses personales.

Otro asunto de especial importancia es saber, después de celebrarse las elecciones, dónde radicará el poder. El verdadero poder radicará en el Senado, y el arrastre de la primera vuelta permitirá que personajes como López Aliaga (miembro del Opus Dei, ultraderechista, amigo del VOX de Abascal y patrocinado por Trump), Luna, Williams Zapata (que fue jefe del Comando Conjunto de las FFAA y estuvo en las ejecuciones extrajudiciales en el asalto a la embajada de Japón) o Acuña sigan gobernando desde la cámara alta.

Algunos expertos señalan que la reforma electoral impulsada por el Congreso permite postular simultáneamente a la presidencia y al Senado o a la Cámara de Diputados. Así, haya los resultados que haya, se aseguran una cuota de poder. Después de tantas vacancias y reformas constitucionales aprobadas el cargo de presidente de la República es apenas simbólico. Confían en el arrastre que puede generar una primera vuelta con candidatos incapaces de superar el 10%. Solo necesitan pasar la valla. Ahí radica el verdadero fraude.

Por otro lado, a estas elecciones se llega sin una alternativa creíble y que afronte los problemas estructurales (y no sólo de gestión) que tiene el Perú. En definitiva. Unas elecciones que no resolverán nada y visualizará que la alternativa social y popular está en fase de construcción.

El próximo domingo 12 de abril un total de 27.325.432 peruanxs están habilitados para votar en estas elecciones, según el padrón oficial elaborado por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). A estas alturas todavía podemos afirmar que el “No sabe/No opina” y “Blanco y viciado” son los verdaderos punteros en las encuestas. En cualquiera de ellas, juntos superan el 30%. Todo un récord. Para que se hagan una idea: en 2021, a este punto del proceso, la indecisión alcanzaba un 18%. Hoy nos enfrentamos al doble de desorientación y desidia. Es decir, estas elecciones están en manos de gente que aún no decide su voto, a pocos días de los comicios.

Perú vive bajo una dictadura del crimen

Las elecciones llegan bajo la instauración de una “dictadura del crimen”. Cucho Haya de la Torre denuncia la captura del Estado por una coalición de economías ilegales –narcotráfico y minería ilegal- que operan bajo una fachada democrática. Estas bandas perfectamente organizadas operan bajo el paraguas del Congreso. Allí el dinero del narcotráfico y el crimen organizado impulsan candidaturas que buscan sus beneficios. Recordemos que este Congreso aprobó (con votos de partidos que hoy concurren a las elecciones y que de forma hipócrita dicen que quieren combatir el crimen organizado) la ley 32108 que fiscales, organizaciones civiles y analistas critican por debilitar la lucha contra la delincuencia, limitar allanamientos y generar impunidad en casos de corrupción y criminalidad.

Recordemos que este mismo Congreso, con Dina Boluarte, aprobó 8 leyes en favor del crimen organizado. Cada una de estas normas fue aprobada con el apoyo de las bancadas mayoritarias, entre ellas Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, las mismas que se presentan hoy a las elecciones enarbolando la bandera contra la inseguridad ciudadana.

Pero hay un hecho que apunta por dónde van a ir las intenciones de los que ostentan el poder. Muy sintomático ha sido la decisión tomada por el gobierno interino de José Balcázar días antes de celebrarse las elecciones. Oficializó el Decreto Supremo que quita responsabilidad penal para militares que hagan uso de la fuerza y de sus armas en estados de emergencia. La norma fue publicada bajo el argumento de luchar contra el crimen pero ha suscitado preocupación.

En realidad, se aprueba una norma para cubrirse las espaldas y poder reprimir con total impunidad porque después de las elecciones vendrán las movilizaciones.

Candidatos militares

Y para reforzar ese encorsetamiento y esa militarización de todos los espacios está la ingente presencia de candidatos militares. Una peculiaridad que proyecta fobias, prejuicios, patrioterismo barato y el repugnante uso de bulos y discursos tremendistas, machistas, sexistas y lenguaje cuartelario.

Candidatos que formaron parte de las Fuerzas Armadas como Wolfgang Grozo, Williams Zapata, Roberto Chiabra entre otros, repiten su postulación. Cómplices del actual Congreso integrado por mafiosos, exhiben sin pudor que estuvieron en una ejecución extrajudicial en la embajada de Japón o haber dirigido tropas en el Cénepa.

Otros dicen, en su curriculum, que han estado en la Marina y que conocen el país por sus viajes, como es el caso de Herbert Caller.

Los militares que se postulan en estas elecciones tienen un denominador común: han vivido a costa del dinero público y para combatir la “inseguridad ciudadana” –que por cierto, sólo tienen que poner el foco en los integrantes del actual Congreso- proponen impulsar el estado de emergencia y el estado de sitio.

A pesar de los graves problemas estructurales que tiene el país, la campaña electoral ha basculado entre el circo, la superficialidad y el enconamiento despertando bajas pasiones colectivas, machistas y racistas. En esta diatriba, un comediante como Carlos Álvarez se le aúpa pero no se sabe qué programa tiene aparte de pedir la pena de muerte.

La participación de los y las candidatas en los debates transmitidos por televisión refleja la pobreza de argumentos, frases grandilocuentes y que en el fondo no cuestiona el sistema ni el régimen que propicia la actual situación sino que pregonan para mantener su status y conseguir unos sueldos altos y seguros.

La fuerza viene del sur andino

Pero dentro de esta oscuridad obscena surge la luz. Y la luz viene del sur andino. Allí, estos representantes racistas, machistas, defensores de la violencia y la guerra han sido rechazados en sus mítines. Rafael López Aliaga, el representante de la ultraderecha y Trump, tuvo que salir por patas.

La alternativa surge desde el sur. Rechazo total y frontal (boicot, abucheo colectivo, quema de propaganda partidista, piquetes informativos, etc.) contra Rafael López Aliaga.

Ayacucho, Juliaca, Andahuaylas y Abancay, principalmente, han mostrado memoria y dignidad contra quien los ha llamado "terroristas", "delincuentes", "gente de mierda", "asesinos", "ignorantes", "brutos", etc. Han respondido con repudio popular para impedir los mítines vergonzantes del partido Renovación Popular y su séquito de lacayos a sueldo. Y, claro, desde este partido de ultraderecha han dicho que la gente de esas regiones son "una masa manipulada por rojos", que "no quieren progreso", que "prefieren el atraso y la violencia", que es "típico de su cultura y su educación", que son "vándalos antidemocráticos", que son "rebaño de agitadores", que son una "sarta de resentidos sociales", que son "gente de mierda" (como dijo públicamente el propio López Aliaga).

Pues si los grupos de poder y sus encuestas tendenciosas insisten en colocar en segunda vuelta a los dos rostros de la misma ultraderecha: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga; los pueblos del sur señalan el sentido de la respuesta: resistencia organizada y movilización popular sin claudicar contra quienes pretenden imponer un nuevo régimen de terror y miseria.

Entonces, el asunto que sigue pendiente es la construcción de organizaciones sociales y populares fuertes. Ya vendrá el instrumento político, pero de momento las energías se vuelcan en la construcción pausada pero firme en esa alternativa que realmente ponga sobre la mesa que los problemas a resolver son estructurales.