Perú blinda el terrorismo de Estado

Asesinos convictos y confesos saldrán a la calle gracias a una ley aprobada por el Congreso –dominado por partidos de la ultraderecha y ex militares responsables o acusados de ser cómplices de masacres y violación de los derechos humanos- y sancionado por Dina Boluarte, quien accedió a la presidencia gracias a que ese Congreso destituyó al presidente electo, Pedro Castillo, con ayuda de las Fuerzas Armadas (FAA), las Fuerzas Policiales (FFPP) y los partidos de ultraderecha.

La decisión, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), beneficiará alrededor de 700 militares involucrados en violaciones a los derechos humanos entre 1980 y el 2000 y quedarán impunes, si la norma se aplica. Esta ley de impunidad afectaría a 156 casos con sentencia firme y 600 procesos judiciales en curso.

Esta amnistía también beneficiaría a responsables de casos emblemáticos como:

• Pativilca, donde seis campesinos fueron secuestrados y ejecutados por el grupo Colina.

• Manta, en el que mujeres y adolescentes campesinas fueron víctimas de violación sexual por parte de militares.

• Barrios Altos, con la masacre de 15 personas durante una “pollada” (reunión festiva) comunitaria.

• Esterilizaciones forzadas, que afectaron a miles de mujeres indígenas sin su consentimiento.

Perú, de la mano de la ultraderecha, es el alumno aventajado de Netanyahu. No respeta a los organismos internacionales. La comisionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, ha lamentado la promulgación de la ley que da impunidad a ex militares y policías y advirtió que Perú acumula más de 20 desacatos a la Corte IDH.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha expresado su consternación por la reciente aprobación de una ley dirigida a policías, militares y grupos de autodefensa implicados en violaciones a los Derechos Humanos durante el periodo de conflicto interno. La ley ha sido calificada de una afrenta a las víctimas.

Impunidad para violar derechos humanos

Dina Boluarte se siente cómoda porque ha promulgado una ley que beneficia a asesinos sabiendo que estamos en un contexto donde la impunidad para asesinos y genocidas está asegurada. Tal es su seguridad que no tuvo ningún rubor en saludar ante las cámaras a Juan Rivero Lazo, responsable del grupo Colina, un grupo paramilitar creado en las entrañas del régimen de Fujimori y que realizó ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y asesinatos. A Dina Boluarte no le salpica la sangre derramada por un asesino.

La ley -que busca eximir de responsabilidad penal a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía implicados en crímenes cometidos durante el conflicto armado interno- se aprueba cuando se hace público que la Marina habría ejecutado a cinco niños y una mujer embarazada que se escondían en una cueva en el paraje de Ayamachay, anexo de Churulla, en el distrito de Tambo, provincia de La Mar. Durante una diligencia forense liderada por la Primera Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, se recuperaron los restos óseos de ocho integrantes de la familia Amao Limaquispe, presuntamente ejecutados por efectivos de la Marina de Guerra del Perú en noviembre de 1984.

Los cuerpos fueron hallados en dos fosas contiguas ubicadas. El trabajo fue realizado por el fiscal provincial Milton Felices Prado, con apoyo del Equipo Forense Especializado (EFE), y contó con la presencia de familiares y posibles testigos del hecho. Según el informe fiscal, los restos se encontraron desordenados, posiblemente alterados por fauna carroñera, junto con prendas de vestir y objetos personales.

La masacre habría ocurrido el 8 de noviembre de 1984, cuando marinos habrían descubierto a la familia escondida en una caverna bajo una roca. Las víctimas habrían sido alineadas y ejecutadas con disparos de arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Mariano Amao Gutiérrez; su esposa Elena Limaquispe Vargas, en estado de gestación; y sus hijos María (15), Abraham (13), Daniel (10), Amador (6), Alejandro (4) y Hermemlinda (2).

Con la ley aprobada en el Congreso -en donde se sienta el congresista, José Daniel Williams Zapata que en agosto de 1985 participó en la masacre de Accomarca- este hecho quedará impune.

La aprobación de esta ley, que da impunidad a genocidas que cometieron delitos bajo el régimen de Fujimori, coincide con la denuncia hecha por el semanario Hildebrandt en sus trece; 1.200 expedientes digitalizados entre los que se encontraban casos que involucraban a Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos, han sido borrados desde dentro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Objetivo: limpiar al fujimorismo de cara a las elecciones

Todos estos movimientos apuntan a “limpiar” al fujimorismo para llegar en buenas condiciones a las elecciones que están apañando a su medida. Uno de los datos que avalan este plan anti derechos humanos es el papel del congresista y vicealmirante en retiro, Jorge Montoya. La ley de la impunidad fue una iniciativa del congresista Jorge Montoya que el 13 de marzo de 1999 firmó el acta de sujeción que Vladimiro Montesinos hizo suscribir a altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, avalando el golpe del 5 de abril de 1992. El objetivo del acta de sujeción era garantizar impunidad a los jefes militares del régimen de Alberto Fujimori ante los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos.

La ley de impunidad para asesinos también beneficiará a Dina Boluarte cuando salga de la presidencia.

Mientras el Congreso aprueba leyes en favor de genocidas y violadores de los derechos humanos, los índices de extorsión en la capital se elevan.

En siete años, este delito creció más de 3.000 % en la capital. En apenas siete años, Lima Metropolitana pasó de registrar una denuncia por extorsión al día a más de treinta, según cifras del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL-PNP) al 31 de julio de 2025.

El fenómeno, que alcanzó un récord de 69 denuncias diarias en junio, refleja cómo este delito se ha normalizado como parte del paisaje urbano y golpea tanto a pequeños comerciantes como a grandes empresas.

Entre enero y julio de este año, las denuncias por extorsión aumentaron un 54,5 % respecto al mismo periodo de 2024. Aunque a mediados del año pasado hubo un breve descenso, desde entonces el crecimiento ha sido sostenido, alcanzando picos nunca antes registrados.

El régimen de Dina Boluarte, que tiene tan sólo un 2% de aceptación, blinda al terrorismo de Estado pero no da solución a los principales problemas del país.