La pendiente inercial

En un artículo anterior, «IA, el nuevo orden sin Estado», se sostenía que el Estado ha perdido buena parte de su capacidad de arbitraje frente a un puñado de corporaciones tecnológicas y grandes gestoras de activos. Este texto toma ese diagnóstico como punto de partida y no como objeto, porque lo que aquí importa es hacia dónde conduce realmente la pendiente que aquel artículo apuntaba, y qué tipo de transformación (social, cultural, incluso jurídica) se necesita para gestionar su descenso sin que arrase todo a su paso.

Conviene aclarar la imagen desde el principio. Lo que aquí se plantea es una pendiente inercial: un suelo que ya se inclina bajo los pies, donde decidir no consiste en evitar el descenso, sino en gestionar la velocidad de una caída que ya ha comenzado. Lo que sigue, por tanto, no pregunta si ese descenso puede evitarse, sino qué cambia mientras dura y quién debe responder por ello. 

El verdadero alcance del cambio

Cuando se habla de la llegada de la IA al mundo laboral, se tiende a pensar en categorías conocidas: empleos que desaparecen, otros que se crean, una curva de reciclaje más o menos dolorosa. Esa lectura, sin ser falsa, se queda corta. Lo que la automatización cognitiva pone en marcha no es un ajuste sectorial, sino la reorganización completa del modo en que una sociedad entera distribuye el tiempo, el sentido y el reconocimiento entre sus miembros. Durante los últimos siglos, el trabajo ha sido el eje alrededor del cual han girado la identidad personal, la rutina diaria y el acceso a la subsistencia. Cuando ese eje se desplaza, no es una parte del sistema la que se reajusta, sino que es el sistema entero el que se reconfigura, empezando por la pregunta más elemental:

¿En torno a qué organiza cada persona su día cuando el empleo deja de ser, para una parte creciente de la población, la respuesta automática a la necesidad de un ingreso y de un lugar reconocido en la sociedad?

Esa reconfiguración no llega sola. Coincide, y no por casualidad, con el límite material que el propio modelo de crecimiento lleva décadas ignorando: un planeta de recursos finitos no puede sostener indefinidamente un patrón de consumo diseñado para crecer sin límite, junto con la urgencia, que tras treinta años ya no admite el gradualismo con que se ha tratado, de reducir a cero neto las emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas dos transformaciones no son paralelas, sino que se retroalimentan. La IA drena el ingreso con el que buena parte de la población sostenía su consumo, mientras que el límite ecológico exige precisamente reducir ese mismo consumo alargando la vida útil de lo que se produce, reduciendo el transporte o sustituyendo la propiedad individual por modelos de uso compartido, algo incompatible con una economía que mide su salud por el ritmo al que la gente sustituye lo que ya tiene.

Lo que se avecina no es una transición ordenada en la que primero se ajusta el trabajo y después, con calma, el consumo, sino una convergencia simultánea de ambos procesos, cada uno acelerando al otro, cayendo sobre una población que no ha sido preparada para ninguno de los dos. El trastorno no es sectorial, sino total, y afecta a cómo vive la gente, no solo a cómo se gana la vida. 

Qué es la IA cuando deja de ser una herramienta

Hay otra dimensión de este cambio que apenas ha empezado a discutirse fuera de círculos especializados y que previsiblemente ganará peso en los próximos años: la cuestión de qué es exactamente un sistema de este tipo. Mientras la IA se entendía como una herramienta, la pregunta no se planteaba, porque una herramienta no tiene intereses propios que proteger ni actos propios de los que responder. Pero a medida que estos sistemas toman decisiones con consecuencias directas para las personas (a quién se concede un préstamo, qué currículum pasa un filtro, qué diagnóstico se prioriza), empiezan a proliferar propuestas para concederles un estatuto jurídico propio, una especie de personalidad no humana con derechos y obligaciones que, en algunas propuestas, se equiparan a los de cualquier otra persona.

Esa propuesta merece la misma desconfianza con la que se describe la promesa de una gobernanza institucional todavía intacta. Conceder a un sistema de IA la condición de sujeto de derechos no resuelve la pregunta de quién responde por sus decisiones, sino que la desplaza. Una entidad sin patrimonio propio, sin responsabilidad patrimonial ni personal, y sin capacidad real de sufrir ninguna consecuencia es, en la práctica, un lugar donde depositar la responsabilidad sin que nadie concreto tenga que asumirla, justo lo contrario de lo que exigiría una gobernanza real.

Es previsible que este debate gane terreno en los próximos años, mientras la cuestión más urgente sobre quién controla la infraestructura y se beneficia de sus decisiones, queda relegada a un segundo plano. Si eso ocurre, será la culminación de la lógica ya descrita: una apariencia de gobernanza que dispersa precisamente lo que debería concentrar, la responsabilidad.

Bajo la superficie subyace también un debate relacionado: ¿Quién debe fijar los límites éticos de estos sistemas? Hoy esa función recae, de facto, en la propia industria, con sus comités internos y sus principios de “IA responsable” redactados por la misma parte interesada en que la respuesta no frene el producto, juez y parte en un mismo cuerpo. Esa autorregulación resulta especialmente arriesgada cuando lo que está en juego no es solo un sesgo o un error ocasional, sino la capacidad de estos sistemas para facilitar el diseño de patógenos u otras amenazas biológicas, un riesgo que no puede dejarse en manos de quien tiene un interés directo en no frenar el desarrollo del producto.

Una ética algorítmica con autoridad real tendría que residir en un lugar distinto de quien la aplica, es decir, en organismos con capacidad de auditar, no solo de asesorar, y con representación de quienes sufren las consecuencias de las decisiones automatizadas, no solo de quienes las diseñan. Construir esa distancia, sin embargo, exige el mismo desplazamiento de poder que, como sostiene este artículo, todavía no se ha producido.

Más allá del Estado: la responsabilidad ciudadana

Todo lo anterior podría leerse como una tarea exclusivamente institucional. Sería un error delegarla únicamente en un actor ya debilitado, ya que la gestión de un cambio de esta magnitud solo trasladaría el problema, no lo resolvería.

Eso deja un vacío que solo la sociedad organizada puede llenar, no como sustituto simbólico de la política, sino como parte directamente responsable de un tramo del proceso que ningún otro cuerpo puede asumir en su lugar. Cooperativas, sindicatos, asociaciones vecinales, ateneos, colegios profesionales, movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales. En definitiva, cualquier estructura capaz de organizar una respuesta colectiva adquieren, en este contexto, una responsabilidad que hasta ahora se consideraba secundaria y que ahora pasa a ser central.

Pero esa responsabilidad no es uniforme ni intercambiable entre estas estructuras:

• Las cooperativas y estructuras de economía social pueden ensayar, a pequeña escala, modelos de producción arraigados en lo local, con propiedad compartida y menos sujetos a la lógica del crecimiento continuo.

• Los sindicatos, si superan un marco construido exclusivamente en torno a la relación laboral clásica, pueden extender la negociación colectiva a terrenos hasta ahora ajenos, como el acceso a una renta básica universal o la cogestión de los sistemas automatizados que afectan a sus afiliados.

• Los colegios profesionales y los ateneos pueden asumir la formación práctica que a las instituciones educativas les llevará años incorporar.

• Las asociaciones vecinales siguen siendo, como en crisis anteriores, la infraestructura más rápida para detectar necesidades y coordinar una primera respuesta.

• Y los movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales aportan la capacidad de presión y vigilancia que las estructuras más locales no siempre tienen, llevando estas causas a la agenda pública e internacional.

Esa división del trabajo plantea, a su vez, un riesgo que conviene nombrar: una proliferación de iniciativas locales, valiosas individualmente, pero desconectadas entre sí, puede reproducir a pequeña escala la misma fragmentación que ya debilita la respuesta colectiva frente al poder concentrado.

La responsabilidad ciudadana solo cumple su función si estas estructuras encuentran, además, espacios de coordinación entre sí, como federaciones, redes, plataformas de intercambio de experiencia a escala internacional, capaces de convertir una suma de respuestas dispersas en algo parecido a un contrapoder con capacidad real de negociación. Sin esa coordinación, la sociedad organizada corre el riesgo de limitarse a gestionar, una por una, las consecuencias de un proceso sobre el que todavía no tiene una influencia conjunta.  

La hoja de ruta

Hay una diferencia enorme entre una caída gestionada con cierto criterio y una caída abandonada por completo a su propia inercia. Esa diferencia es una hoja de ruta que no altera el destino, sino el modo de llegar a él.

En primer lugar, harán falta varios equipos para diseñar las distintas propuestas, en lugar de dejar el asunto enteramente en manos de perfiles técnicos y financieros. Es imprescindible contar con profesionales de la sociología capaces de anticipar cómo se reconstruyen o se rompen los lazos comunitarios, de la filosofía, para examinar qué queda de conceptos como el mérito, la dignidad o la autonomía una vez que el trabajo desaparece, y de la antropología, para leer cómo cambian las formas de comunidad y de pertenencia cuando el trabajo deja de ser su eje, junto con canales reales de participación para quienes sufrirán esta ruptura en primera persona, de modo que el giro humanista no se limite a sustituir una élite técnica por otra académica igualmente distante, tan alejada como la primera de la urgencia material cotidiana.

Una vez definido ese equipo, hacen falta al menos cinco objetivos de trabajo para proponer las condiciones en las que esta nueva sociedad tendrá que funcionar. No se trata de ajustes de política económica, sino de un cambio de paradigma total que exige un modelo de vida distinto del que organiza hoy nuestras sociedades, uno que ya no mida el progreso por el consumo o la acumulación de activos, y que garantice una vida digna para todo ser de este planeta, en el respeto a la naturaleza. Algunos de estos objetivos van más allá de amortiguar la caída, alteran su trayectoria allí donde todavía queda margen para hacerlo, sin contradecir la premisa inicial de que el descenso, en su conjunto, ya no puede evitarse, solo gestionarse:

1. La recuperación sin complejos del papel del Estado como proveedor directo de servicios esenciales (educación, sanidad, servicios sociales), garantizando que el acceso a ellos no dependa de la capacidad de pago; reafirmándolo como garante último de la justicia y los derechos frente al poder tecnológico y financiero; y fortaleciendo, en lugar de neutralizar, el contrapoder de la sociedad organizada, como refuerzo de la democracia.

2. Un nuevo sistema fiscal que alcance no solo al capital algorítmico, sino también al capital especulativo, que financie una renta básica y garantice derechos laborales adaptados a un mercado transformado.

3. Un cambio cultural profundo en la relación de la sociedad con el consumo, junto con una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque ninguna alternativa será sostenible mientras no rompa con ese automatismo del crecimiento ilimitado. No se trata solo de un compromiso ético con las generaciones futuras, sino del reconocimiento de que la inercia actual es, físicamente, un callejón sin salida.

4. Repensar el dinero como un bien público, arrancando su creación del monopolio privado de la banca a través de la concesión de créditos.

5. Una gobernanza democrática y ética de la inteligencia artificial, con organismos de supervisión independientes, auditorías algorítmicas obligatorias, transparencia sobre los criterios con que estos sistemas deciden sobre crédito, empleo o acceso a servicios públicos, y una gran campaña de formación ciudadana en el manejo de agentes de IA que traslade también al usuario la responsabilidad sobre sus decisiones.

Ni el equipo ni estos cinco objetivos garantizan, por sí solos, un buen desenlace, pero su ausencia sí garantiza uno malo: una caída sin nada que la amortigüe. Poner en marcha estos equipos de trabajo es urgente, a condición de que sus propuestas solo tengan peso si logran el respaldo ciudadano suficiente para que el poder político las tenga en consideración. Escribir esta hoja de ruta no es la promesa de que la caída pueda evitarse, sino la insistencia en que todavía puede decidirse cómo se atraviesa.