IA, el nuevo orden sin Estado

En 2019, Shoshana Zuboff, doctora por Harvard y profesora emérita de la Harvard Business School, publicó La era del capitalismo de vigilancia, un diagnóstico sobre cómo la experiencia humana se había convertido en materia prima gratuita para un modelo de negocio basado en predecir y modificar el comportamiento. Años después, en ¿Capitalismo de la vigilancia o democracia?, la autora profundiza esa tesis y la lleva a su consecuencia política, ya que no se trata de un problema de privacidad o de competencia empresarial, sino de una disputa por la forma que tomará la civilización en el siglo XXI. Según Zuboff, la democracia liberal se autoexcluyó de gobernar las comunicaciones digitales hace dos décadas, y ese vacío regulatorio no fue un accidente técnico, sino la condición de posibilidad para que un puñado de corporaciones, Google, Meta, Microsoft y Amazon entre ellas, acumularan un poder nunca sometido a elección ni a control democrático.

Este artículo retoma ese diagnóstico y lo proyecta hacia un terreno que Zuboff apenas esboza, la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y sus efectos sobre el pacto social que ha sostenido a las sociedades industriales durante dos siglos, el sudor convertido en mercancía .

El agotamiento del paradigma de trabajar para vivir

Desde la Revolución Industrial, la identidad del ser humano moderno se ha construido en torno al empleo. Trabajar no ha sido solo un medio de subsistencia, sino la fuente principal de estatus social, de rutina vital y de sentido de utilidad. La automatización avanzada y la IA generativa amenazan con vaciar ese paradigma a una velocidad que ninguna revolución tecnológica anterior había alcanzado. No se trata únicamente de sustituir tareas manuales, como con la mecanización agrícola o industrial, sino de sustituir tareas cognitivas, creativas y de gestión, es decir, el núcleo de los empleos que durante el siglo XX definieron a las clases medias.

Si el trabajo deja de ser la vía principal para obtener ingresos y reconocimiento social, la pregunta que se abre no es meramente económica, sino civilizatoria.

¿En torno a qué se organizará el sentido de la vida humana cuando el esfuerzo productivo ya no sea la moneda de cambio con la sociedad?

Zuboff advierte que quienes controlan la infraestructura digital no solo capturan datos, sino que aspiran a modelar la conducta humana a gran escala. La sustitución masiva de empleo por IA añade a esa capacidad la de decidir quién tiene acceso a un ingreso, y en qué condiciones. El riesgo no es solo el desempleo tecnológico, sino la concentración en muy pocas manos de la decisión sobre qué actividad humana sigue teniendo valor de mercado.

La disolución del Estado como institución de orden

Uno de los ejes centrales del análisis de Zuboff es que los gigantes tecnológicos constituyen hoy un orden económico e institucional propio, con control oligopólico sobre buena parte de los espacios y procesos de la información digital, sin haber sido nunca elegidos para gobernar. Esta idea puede extenderse, ya que el Estado-nación, que desde la paz de Westfalia había actuado como la instancia suprema de arbitraje social (quien fija impuestos, redistribuye renta, imparte justicia y define derechos), ve erosionada su capacidad de intervención frente a actores que operan a escala planetaria, fuera del alcance de cualquier jurisdicción nacional aislada.

Esta erosión no significa que el Estado desaparezca como forma jurídica, sino que pierde peso relativo frente a otras instituciones no elegidas, entre ellas las plataformas tecnológicas que fijan de facto las reglas de la comunicación pública, los sistemas algorítmicos que deciden qué información circula, y, de manera cada vez más decisiva, los grandes fondos de inversión y gestoras de activos, como BlackRock, Vanguard o State Street, cuyo capital bajo gestión supera con holgura el PIB de la mayoría de los países y que condicionan las políticas fiscales, laborales y energéticas de gobiernos enteros sin haber sido nunca sometidos a un solo voto.

El resultado es una desigualdad de una magnitud pocas veces vista, ya que mientras la renta del trabajo se estanca o desaparece para amplias capas de población, la renta derivada de la propiedad de datos, infraestructuras digitales y capital financiero se concentra en un número cada vez más reducido de actores. Algunos autores matizan esta lectura señalando que los Estados conservan cierta capacidad regulatoria, como muestran la legislación europea de protección de datos o las normas antimonopolio, pero esa capacidad resulta hoy mayoritariamente defensiva y reactiva, y rara vez logra revertir un poder ya consolidado. La pregunta relevante ya no es tanto si el Estado regula, sino si conserva margen real de maniobra frente a actores privados que operan a una escala que ninguna institución democrática nacional puede igualar.

Fabricar consentimiento, polarización y relato providencial

Una sociedad que percibiera con claridad la magnitud de esta transferencia de poder y renta probablemente se rebelaría contra ella. De ahí que la propia élite tecnológica y financiera que protagoniza este nuevo orden encuentre en la fragmentación de la respuesta colectiva y en la desviación de la atención pública una condición favorable para su consolidación, sin que sea necesario suponer un plan centralizado y consciente para que el efecto agregado del sistema actúe en ese sentido. Dos fenómenos concretos ilustran este efecto.

El primero es la polarización política y el auge de opciones de extrema derecha en numerosas democracias occidentales, favorecido por la propia arquitectura de las redes sociales. Los modelos de negocio basados en maximizar el tiempo de atención premian el contenido emocional, simplificador y divisivo, y ese sesgo facilita la circulación de desinformación y discursos identitarios que desplazan el debate público desde las causas estructurales de la desigualdad, el reparto del poder tecnológico y financiero, hacia conflictos culturales e identitarios. Resulta significativo que ese impulso a la extrema derecha favorezca sistemáticamente a perfiles de liderazgo marcadamente narcisistas o abiertamente sociópatas, sin escrúpulos para mentir, dividir a la sociedad o presentar la crueldad como fortaleza, un tipo de liderazgo especialmente eficaz para bloquear cualquier consenso amplio que cuestione la concentración de poder existente.

No hace falta postular una conspiración deliberada para que el efecto agregado sea el mismo, un ecosistema mediático que rentabiliza la indignación tiende, en la práctica, a desviar el descontento hacia chivos expiatorios sin cuestionar el poder que lo origina. Este mecanismo conecta, además, con el núcleo mismo de la tesis de Zuboff, ya que estos sistemas no se limitan a predecir la conducta con fines comerciales, sino que aspiran a modificarla en la dirección que interesa a quien posee los datos. Aplicada al terreno político, esa capacidad permite, en principio, detectar los focos de malestar colectivo antes de que cristalicen en movilización social, y calibrar qué relatos o qué grado de polarización logran disolverlos.

El segundo fenómeno señalado es el resurgir de discursos religiosos de corte fatalista o providencialista, que interpretan las desigualdades crecientes como un designio superior antes que como el resultado de decisiones políticas y económicas concretas. Cuando la pérdida de empleo, la precariedad o la exclusión social se explican en clave de voluntad divina o de destino, la pregunta por la responsabilidad política y empresarial queda desactivada. La religiosidad no es en sí misma un instrumento de dominación, pero sí puede ser instrumentalizada por actores políticos interesados en canalizar el malestar social hacia el plano espiritual antes que hacia la exigencia de redistribución o regulación.

¿Qué está realmente en juego?

Zuboff plantea el dilema en términos binarios, capitalismo de la vigilancia o democracia. Aplicado al momento actual, ese dilema podría reformularse así, o las sociedades logran construir marcos democráticos capaces de regular la introducción de la IA en el trabajo y de redistribuir sus beneficios, o esa transición se producirá bajo el control casi exclusivo de quienes ya poseen los datos, los modelos y la infraestructura de cómputo, profundizando una desigualdad estructural que ninguna generación anterior conoció en democracias formalmente constituidas.

La propia Zuboff insiste en que nada de esto estaba tecnológicamente determinado, las democracias fracasaron en construir a tiempo una fuerza reguladora capaz de acompañar la digitalización, pero ese fracaso es reversible. Frente a la sustitución del trabajo por sistemas de IA, sigue pendiente una discusión que apenas ha comenzado, la fiscalidad sobre el capital algorítmico, las rentas básicas, la cogobernanza de los datos y los nuevos derechos laborales. De que esa discusión se produzca, y se produzca a tiempo, depende si el ser humano seguirá teniendo un lugar reconocido en el reparto de la riqueza que él mismo ha contribuido a generar como materia prima de estos sistemas.

El aporte de Zuboff no es solo describir un problema tecnológico, sino recordar que las tecnologías no llegan al mundo con un destino fijado, sino que son las decisiones colectivas, o su ausencia, las que determinan su uso. La sustitución del trabajo por la inteligencia artificial, el debilitamiento relativo de los Estados frente a poderes privados transnacionales, y los relatos políticos o religiosos que desactivan la crítica social son piezas de un mismo tablero. Reconocerlas como parte de un mismo proceso es el primer paso para disputar democráticamente el futuro que se está decidiendo hoy, en gran medida, sin que la mayoría de la ciudadanía haya sido consultada.