La desconfianza en el poder judicial está más que justificada

Algunas personas quizás recordarán haber leído, en este medio y en algún otro, información sobre un hecho grave que tuvo lugar en la sierra de l’Albera de l’Empordà a principios de diciembre de 2023. Dos guardias civiles de paisano decidieron abalanzarse con su coche contra un grupo de manifestantes que cortaban de manera intermitente una carretera, mientras exhibían pancartas y repartían hojas explicativas cerca de Sant Climent Sescebes. Se trataba de una protesta ecologista, previamente comunicada y vigilada por Mossos d'Esquadra, en defensa del espacio natural y en contra de la instalación en aquella zona de aerogeneradores de grandes dimensiones.

Una mujer fue atropellada y resultó herida como consecuencia de la violencia irresponsable de los guardias civiles, que también lesionaron con su coche a un agente de Mossos d’Esquadra cuando intentaba pararlos. Los mossos corrieron detrás del vehículo, no identificado, que finalmente se detuvo cuando ya se encontraba a cierta distancia de los manifestantes. El conductor y su acompañante exhibieron placas pero se negaron a dejar ver claramente sus acreditaciones como miembros de un cuerpo de seguridad.

El coche fue fotografiado y la imagen captada se puso a disposición de Mossos, pero la matrícula no constaba en el registro de tráfico. La entidad ecologista de l’Alt Empordà IAEDEN, algunas formaciones políticas y el propio Departament d’Interior de la Generalitat exigieron responsabilidades al Ministerio, se presentaron denuncias, se investigó y finalmente los guardias tuvieron que responder en un proceso de instrucción judicial.

La causa, sin embargo, ha quedado archivada. ¿Por qué motivo? El juez instructor y la Audiencia Provincial correspondiente decidieron negar la evidencia y dieron por buena la versión del abogado de los guardias, que resultó ser, mira por dónde, un individuo conocido por su larga e inconfundible trayectoria ultraderechista: José María Fuster-Fabra.

Poco importó a los jueces la realidad de lo que había ocurrido ante los ojos de decenas de personas. Dos años y medio después de aquellos hechos, la ‘Sección tercera (penal) de la Audiencia Provincial de Girona’, en su resolución, desestimó el recurso interpuesto por IAEDEN y por las personas más afectadas por la agresión de los guardias, en contra del sobreseimiento provisional de la causa. Lo hizo con un texto desvergonzado en el cual se afirma que las diligencias practicadas sobre el atropello “no permiten acreditar que la conducción pueda ser calificada como temeraria” y mantiene que el coche que conducía uno de los guardias “circuló por el arcén, por donde no había gente”. ¿Diligencias? Una simple visita al punto de la carretera en la que se produjo la embestida permite ver que en aquel lugar no hay arcén de ningún tipo. Así se puso de manifiesto en declaraciones realizadas en el juzgado de Figueres donde Fuster-Fabra afirmó lo que el magistrado ha dado por cierto. “La conducción del guardia se ajustó en todo momento a las concretas circunstancias existentes, evitando poner en peligro la integridad de los manifestantes”, se dice en la resolución judicial, a pesar de la evidencia en sentido contrario. En la carretera había personas con pancartas, algunas de las cuales no tuvieron tiempo de evitar el golpe del coche de los agentes que arremetió para embestirlas.

Este caso no es anecdótico. Es relevante y significativo. Es del todo coherente con el comportamiento que mantienen magistrados de diferentes tribunales, entre ellos unos cuantos del Supremo y de la Audiencia Nacional. Y también lo es con las actuaciones sesgadas de la Guardia Civil. Ilustra la percepción que tiene, según las encuestas, la mayor parte de la ciudadanía sobre el mundo de la justicia. No todo el mundo es igual ante la ley.

Una parte de la magistratura se encuentra colonizada, a diferentes niveles, por personajes de talante indudablemente antidemocrático, que actúan en connivencia con abogados y entidades de ultraderecha y con fuerzas de seguridad trufadas de agentes que no respetan los derechos elementales de las personas.

Últimamente parece que esta realidad ha empezado a ser reconocida en público por dirigentes que hasta ahora repetían, y todavía repiten con menos frecuencia, que hay que respetar las resoluciones judiciales y mantener siempre la confianza en la profesionalidad de los miembros de los “cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”. Cuerpos que actúan en muchos casos bajo el amparo de una legislación que el Gobierno progresista se comprometió a derogar y que sigue vigente…. Policías de aquí y de allá aplican a discreción la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, aprobada cuando gobernaba Mariano Rajoy, contra ciudadanos que no hacen otra cosa más que ejercer su derecho a la protesta.

No es poca la gente que se hace preguntas desde hace tiempo: ¿Qué impide su derogación? ¿Quiénes defienden que siga en vigor?

Obviamente que hay muchos jueces que ejercen sus funciones con honestidad y rigor, e infinidad de agentes policiales que cotidianamente procuran prestar asistencia a gente que lo necesita, que trabajan para facilitar la convivencia y servir a la ciudadanía de la mejor manera posible, como es su obligación, pero ellos mismos tendrían que ser los primeros interesados en intentar combatir la complicidad con la derecha extrema. Tenemos muestras más que abundantes de resoluciones judiciales rigurosas, así como de actuaciones sensatas de policías y guardias, entre ellas no pocas de carácter humanitario, pero hay sectores de los aparatos judicial y policial que están enfermos de autoritarismo, sinrazón, arbitrariedad, xenofobia y aporofobia. Y también, porque no decirlo, porque se nota, enfermos de deseos de castigar a personas física y moralmente, para demostrar quién manda, con chulería, por el placer de actuar de esa manera.

Algunas diputadas y diputados han empezado a decir con cierta frecuencia, en sede parlamentaria, que hay jueces que quieren condicionar la vida política. Importante descubrimiento, para algunos. Ya era hora. Lástima que hayan necesitado tanto de tiempo para constatar lo evidente.

Parece que no pudieron ignorar que un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, fue procesado y condenado sin ninguna prueba como responsable de una filtración en la que no intervino. Había que buscar un culpable. ¡Un caso de filtraciones! ¡Dios mío! ¡Qué escándalo! Se diría que la revelación de contenidos hipotéticamente secretos es una práctica poco frecuente en la administración de justicia. ¿Cuántas veces se viola el secreto de los sumarios sin ninguna consecuencia? Garcia Ortiz fue condenado, digámoslo claro, para proteger los intereses de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, enriquecido gracias a la facturación por valor de millones de euros a un grupo hospitalario y pendiente de juicio oral por fraude fiscal.

Pero más allá de este caso, los currículums de nuestros togados más ilustres están llenos de malignidad.

¿Hay que recordar los seis años de privación de libertad que sufrió Arnaldo Otegi como consecuencia de un juicio politizado e injusto? ¿Y las causas abiertas contra centenares de personas por su implicación en llamamientos a las urnas? Hay quién insiste en la conveniencia de “pasar página”, pero es preciso retener en la memoria que la consulta del 9 de noviembre del 2014 y el referéndum del 1 de octubre del 2017 tuvieron lugar gracias a la voluntad popular, expresada con el voto de millones de personas. ¿Y los años de prisión que cumplieron gobernantes y dirigentes catalanes como consecuencia de las actuaciones de personajes como Pablo Llarena, Manuel Marchena, Carmen Lamela y otros ilustres miembros de la alta judicatura? ¿Y la detención y encarcelamiento de los jóvenes de Altsasu gratuitamente acusados de haber agredido a dos guardias civiles fuera de servicio en un incidente en un bar? ¿Y los Seis de Zaragoza, detenidos y condenados sin ninguna prueba después de unos actos de protesta contra Vox? Podríamos seguir y seguir hasta aburrir al lector con la enumeración de brutalidades policiales, multas, detenciones, condenas, inhabilitaciones y con el recordatorio de tantas y tantas injusticias que se han cometido y se cometen en nombre del orden, la seguridad y el Estado de derecho.

Un “Estado de derecho” con un Tribunal Supremo que se niega a la aplicación de la amnistía, aprobada por el poder legislativo, a personas que impulsaron el referéndum de 2017, pero que sí la concedió a todos los policías y guardias denunciados por la violencia que ejercieron contra gente que quería votar.

Hay que decirlo con claridad. No se puede pedir confianza permanente en la Justicia cuando algunos de sus más significados administradores desprecian la igualdad de derechos de la ciudadanía. Hay que poner en evidencia la existencia de procedimientos judiciales abiertos con fines políticos, así como sentencias claramente injustas, dictadas contra personas y entidades que, en alguna medida, mayor o menor, ponen en cuestión el régimen heredado del franquismo. Es lo que se conoce como lawfare, practicado por magistrados y jueces implicados en un sistema que se defiende a sí mismo con herramientas que se le ofrecen desde cuarteles y comisarías pobladas por elementos ultraderechistas, desde asociaciones de ideología antidemocrática y desde un complejo mediático sistemáticamente dedicado a la desinformación. Hace ya un cierto tiempo que cobra progresivamente más y más verosimilitud la hipótesis de una acción coordinada para consolidar el poder de la derecha extrema en todas las instituciones del Estado.

Es una realidad que se reconoce cada vez con más frecuencia, pero todavía de manera insuficiente. Se explicita a veces desde algunos medios de comunicación, pocos, y en sede parlamentaria.

Hace no mucho, el pasado 24 de junio, la diputada de EH Bildu Mertxe Aizpurua lo expresó de manera más clara que nadie. “No damos por buena cualquier actuación policial o judicial por el simple hecho de ir revestida de legalidad”. “No es desconfianza abstracta. Es memoria política, es historia”, dijo desde la tribuna del Congreso de los Diputados.

Habló de detenciones, torturas, encarcelamientos, ilegalizaciones, cierres de medios de comunicación, para recordar que los poderes del Estado quisieron “desactivar un movimiento político que era capaz de cuestionar y enfrentar aquello que se denominó Transición democrática” y que exigía “una ruptura democrática real”. Denunció lo que se conoce como “Régimen del 78”, que en vez de romper con el franquismo “instaló y apuntaló la continuidad de los poderes económicos, de los jueces y de las fuerzas de seguridad, sin depuración real, y todo ello bajo el paraguas de una monarquía heredera del franquismo”. Actualmente, dijo Aizpurua, “el PSOE y el Gobierno español son víctimas del propio régimen que construyeron”.

A lo largo de la historia reciente, los pueblos del Estado español hemos tenido algunas oportunidades de conseguir una ruptura con el aparato heredado del franquismo. A finales de los años 70, cuando se conquistaban espacios de libertad, la movilización que existía en fábricas, barrios, centros de estudio, entidades culturales … alimentaba esperanzas en la posibilidad de un cambio social real. Mucha gente intentaba hacer lo posible para que después de Franco, sobre las cenizas de la dictadura se pudiera construir una democracia real, en todos los ámbitos. Pero no fue así. Lluís Llach lo dijo bien claro ya en 1978, sin cortarse ni un pelo, con una imborrable canción: No és això, companys, no és això. Franquistas y dirigentes opositores habían firmado los Pactos de la Moncloa. Los crímenes de la dictadura quedaron en la impunidad, la monarquía se perpetuó y buena parte del aparato de Estado, particularmente el poder judicial y las fuerzas policiales se mantuvieron sin depurar. La ruptura parecía posible, porque el grado de movilización social era enorme, pero no se produjo, porque se ninguneó la fuerza de la sociedad movilizada, por miedo a lo que pudieran hacer desde lo que se conocía como “bunker”, fuertemente implantado en el Ejército y en el aparato de Estado franquista.

Durante la segunda década de este siglo también crecieron esperanzas serias de cambio. “¡Que no nos representan, que no!”, “¡democracia real ya!”... se exigía desde las plazas. El movimiento 15-M permitió que miles y miles de personas desde todo el territorio estatal expresaran su indignación contra los efectos de la globalización y contra las medidas de austeridad, y soñaran en “otro mundo posible”. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH, movilizó una barbaridad de gente contra el poder financiero. En Catalunya, una organización plural y democrática, ‘Procés Constituent’, intentaba unificar los esfuerzos de todos los sectores interesados en un cambio social radical... La irrupción de nuevos actores políticos, como ‘Podemos’, o las diferentes ‘confluencias’ que hicieron posible la existencia de ‘Ayuntamientos por el cambio’ en un número importante de poblaciones, ilusionaron a mucha gente. Se hablaba entonces de la “nueva política’. ¿Quién se acuerda hoy de la nueva política? El soberanismo catalán dio vida a un proceso prolongado, persistente e impresionante que puso en cuestión no solo la España radial sino la propia monarquía. La voluntad republicana parecía potente.

Mucho se ha escrito desde entonces sobre falta de solidaridad, dinámicas institucionales, desescalada de conflictos, engaños, decepciones, disputas por liderazgos... Las causas de la desmovilización posterior a aquel ciclo impugnador merecen reflexión y capacidad de análisis, ciertamente, pero en cualquier caso no se puede pasar por alto la represión ejercida desde el aparato del ‘Régimen del 78’, con su poder judicial intacto.

Los tratos de favor que reciben determinados delincuentes por parte de algunos tribunales, como el que se señala en los primeros párrafos de este texto, o la impunidad con la que se mueven los agentes corruptores de políticos e instituciones, o la insubordinación de buena parte de la magistratura al poder legislativo, o los atentados contra derechos elementales cometidos por agentes policiales exigen reacción social y política de la sociedad civil para hacer posible una auténtica democratización del Estado.