Chilenos al borde de un ataque de nervios

Hasta un total de catorce partidos han llegado a un pacto espurio, en un intento por dar salida a las protestas ciudadanas. El acuerdo lleva un pomposo enunciado: Por la paz y una nueva constitución. Desbordados por la explosión social que cuestiona el sistema político implantado desde la dictadura, la constitución de 1980, el pacto garantiza la continuidad del orden neoliberal, con un nuevo etiquetado. Salvo el Partido Comunista y Humanista, la coalición gobernante Chile Vamos, nicho del pinochetismo, pasando por socialistas, democristianos, radicales, Partido por la Democracia, hasta Revolución Democrática y Convergencia Social, se coaligan. Son las tres coaliciones que dan vida al Chile actual y están presentes en las instituciones. Su objetivo, romper el espinazo de las movilizaciones sociales que han ido creando sus propias estructuras, débiles pero capaces de cuestionar el orden. De ellas han surgido los cabildos abiertos, mesas de debates, y una organización sin liderazgos, su gran debilidad para negociar con el poder constituido. Estudiantes, jubilados, profesionales, trabajadores, sectores medios, el movimiento feminista, el pueblo Mapuche participan en la elaboración de propuestas para llamar a una Asamblea Constituyente. Es una explosión de rebeldía generalizada. Un hartazgo a tanta injusticia social, corrupción, mentiras y la total sordera de una elite política que durante décadas se ha desentendido de las consecuencias de un modelo concentrador y excluyente, justificando la desigualdad bajo el argumento de responder a una distribución equitativa acorde a las leyes del mercado.

Las multitudinarias manifestaciones, que no han podido ser aplacadas, aspecto a considerar si se tiene en cuenta la dureza de la represión, demuestra que la violencia no es suficiente para debilitar los movimientos sociales que han decidido resistir como parte de sus reivindicaciones democráticas por una Asamblea Constituyente, los derechos del pueblo Mapuche y el fin del ciclo neoliberal. Como dato, sirva la encuesta realizada por la Universidad de Chile. En ella se observa una doble matriz. Por un lado la amplitud de la población que acude a las manifestaciones, sus demandas por un cambio de régimen y por otro la pérdida de confianza en las instituciones políticas del Estado. Así, un 55,3% de la población dice haber participado de alguna forma de la protesta: cacerolazos, marchas, concentraciones o apoyo en las redes sociales. El 87,8% cree que los cambios de gabinete no solucionan los problemas actuales, otro 80,3% de los encuestados, considera necesario redactar una nueva constitución y más del 90% pide una reforma en el sistema de pensiones, salud, educación y el mercado laboral. En la contraparte, la desafección y descrédito de los partidos. La consulta pedía una valoración de 1 a 10 en el nivel de confianza en los principales puestos de representación política. El resultado no puede ser más desalentador. El presidente de la república obtiene un 2,8; los ministros 2,6; parlamentarios 2,5 y los partidos un 2,4. Curiosamente, los encuestados valoraban positivamente el cuerpo de Bomberos con un 9,3, seguidos de las ONGs con 7,2, las Juntas de Vecinos con un 6,3, los Hospitales un 6,2, las Universidades llegan al 6,1, y el Instituto de Derechos Humanos se queda con 6.0.

El miedo sacude al poder. El gobierno, con aval de una gran parte de la oposición, opta por la fuerza bruta. La violencia como arma política en manos del Estado se ejerce sin contemplaciones, recordando los peores días de la dictadura, además de su falta de entendederas del porqué de las protestas ciudadanas. Hasta el 6 de noviembre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos reporta 6,362 detenidos, 23 muertos, 2,365 heridos, 400 por arma de fuego, 774 por perdigones, 1.104 por gases o golpes, 217 presentan pérdidas oculares. Se acumulan 246 querellas por torturas, 58 por violaciones y abusos sexuales.

Gobierno y oposición, no logran apaciguar a la ciudadanía bajo el exclusivo uso de la fuerza bruta. Se criminalizan las protestas y centran la atención en los llamados puntos negros o zonas oscuras. Presentar un país en manos de delincuentes que asaltan supermercados, violan la propiedad privada, rechazan el dialogo, rompen la convivencia, siembran el caos y la destrucción. Son las bases para traer a colación la amenaza de un levantamiento popular. Es la guerra. El presidente de Renovación Nacional, partido de Sebastián Piñera, Mario Desbordes, declara el 13 de noviembre: “solo quedan uno o dos días” para un acuerdo que ponga término al levantamiento popular. El gobierno amenaza con implantar el Estado de sitio, dando todo el poder a las fuerzas armadas y de paso, agita la bandera de un ruido de sables, lo cual obliga a tomar decisiones urgentes. Manuel Cabieses director de Punto Final señala: “El rumor del peligro golpista -real o supuesto- surgió cuando el presidente de Renovación Nacional, sentenció que sólo quedaban uno o dos días para pacificar el país. Se estima que este ex teniente de carabineros y ex funcionario de la Gendarmería, mantiene una relación privilegiada con las instituciones armadas. La maniobra, en todo caso, permitió a los desprestigiados partidos recuperar protagonismo. Lo hizo mediante la suplantación de identidades. Las masas populares y las organizaciones sociales -que tuvieron fugaz aparición con la mesa de Unidad Social- fueron suplantadas por partidos situados en el peldaño más bajo de la estima ciudadana. Horas después del pacto de gobierno-oposición, el pueblo salió otra vez a las calles reiterando sus demandas democráticas y fue reprimido con extrema dureza”.

Bajo el paraguas de un push militar, gobierno y oposición, el 15 de noviembre, al borde de un ataque de nervios, firman el documento “Por la paz y una nueva constitución”. En el que dicen recoger las principales reivindicaciones de las protestas y llaman a la desmovilización, esgrimiendo la necesidad de una paz para convocar a un plebiscito sobre la reforma constitucional. Incluso tiene fecha: abril de 2020. En la consulta, los ciudadanos deberán responder a dos preguntas: ¿Quiere Usted una nueva constitución?; y ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución. Convención constitucional o Convención mixta? La segunda, esconde la trampa para garantizar un cambio a lo gatopardo. Serán las fuerzas políticas, mismas que firmaron el pacto quienes tengan la mayoría de constituyentes. La elección se realizará por el actual sistema parlamentario y listas electorales, con lo cual las tres grandes opciones: Chile Vamos, Nueva Mayoría y el Frente Amplio se repartirán los delegados, desplazando del escenario a quienes desde abajo y en los cabildos abiertos han cuestionado el orden vigente. Es decir la continuidad del orden neoliberal. La traición se ha consumado.

Jorge Sharp, Alcalde de Valparaíso militante de Convergencia Social junto a 72 correligionarios, presentan su renuncia, al partido, poniendo en evidencia lo espurio de la firma: “El Acuerdo de Paz social, y una nueva Constitución, firmado por diferentes partidos políticos nacionales, es contrario, en esencia a las demandas que las diferentes y diversas manifestaciones han enunciado en la calle. Su construcción se realizó por un conjunto de directivas partidarias y parlamentarios que no representan la voluntad mayoritaria de la movilización, excluyendo, en definitiva a ese Chile que despertó. (…) Las decisiones tomadas por las instancias superiores del partido, nos indican que este no constituye el espacio que permite impulsar de forma adecuada la política de transformaciones democráticas que requiere el momento actual. Es por ello que a través de esta carta comunicamos nuestra renuncia a Convergencia social”.

La criminalización de las protestas y el rechazo a las demandas de una Asamblea Constituyente con delegados electos desde abajo y cuya labor sea recoger las propuestas de los cabildos abiertos, será deslegitimado. Primero por la imposibilidad de ser elegidos bajo la actual ley electoral y en segundo lugar, esgrimiendo el ruido de sables que acompañara todo el proceso. Así, la espada de Damocles, de las fuerzas armadas con su autonomía frente al poder político, penderá sobre la cabeza de los chilenos y serán los cancerberos del orden neoliberal nacido del golpe de Estado de 1973. Sin embargo, la historia es imprevisible. Los grandes cambios sociales no se detienen ni con la ignominia ni con la traición. Tal y como el presidente Allende lo señaló en su último discurso: “el proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente. Podrá demorarse, podrá prolongarse, pero a postre no podrá detenerse (…) La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. (…) este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor”.